Ya en otras notas (dicen que no hay que cambiar de chiste, sino de auditorio), me referí a la dificultad que tenemos los argentinos en general, y los gobernantes en particular, para identificar causas con efectos, como si fuéramos ciudadanos del Planeta Tlön inventado por Borges.
Las declaraciones que predominaron en torno al tema de la ocupación de tierras, en los últimos tiempos, son un buen ejemplo.
Los funcionarios indican que el problema de la Argentina es el “déficit habitacional”, como si hubiéramos tenido la desgracia de un terremoto, que hubiera destruido miles de viviendas y dejado a la gente a la intemperie.
Pero, en realidad, lo que tiene la Argentina es pobreza, falta de crédito y malas leyes. Es esta tríada la que impide que todos sus ciudadanos tengan una vivienda digna, ya sea en propiedad o en alquiler.
Me explico. Como todos sabemos, el Estado en la Argentina destruyó la moneda local, por abusar del impuesto inflacionario y, con la brutal expansión del gasto y de la presión impositiva de las últimas décadas, más las regulaciones anti laborales y, paradójicamente, anti rentabilidad empresaria, lo que hemos generado ha sido un fuerte crecimiento de la pobreza, por falta de inversión, y de demanda de trabajo formal. El mencionado impuesto inflacionario es un impuesto que es más difícil de eludir para los pobres los que, a su vez, condenados a la informalidad por falta de buena educación y capacitación, y con “excesos” en impuestos al trabajo en todas sus formas, han sido excluidos, tanto de tener un ingreso razonable, como de poder acceder al crédito formal.
En el mundo, la vivienda se adquiere con crédito hipotecario de largo plazo, financiado por gigantescos mercados de capitales (el “capital financiero y especulador” que tanto rechaza gran parte de nuestra clase política), pero la degradación de la moneda local redujo a la mínima expresión el mercado de capitales de la Argentina, con muy pocos inversores institucionales -compañías de seguros de Vida y, tras la expropiación de las AFJP, el destruido FGS del ANSES- que podrían prestar crédito hipotecario a largo plazo, dado que reciben ahorros a largo plazo.
Por si esto fuera poco, las leyes “protectoras” de los inquilinos y la cascada de impuestos que se superponen sobre la tenencia de inmuebles (ganancias, bienes personales, impuestos provinciales y municipales) han minimizado, corregida por riesgo, la tasa de rentabilidad de construir inmuebles para alquilar, reduciendo dramáticamente la oferta.
La vivienda en la Argentina, entonces, se ha convertido, mayoritariamente, en un “bien de inversión” sustituto imperfecto de la dolarización de portafolio. El acceso a la vivienda de los pobres depende de un plan de obras públicas, siempre escaso y caro (cuando no es foco de corrupción), y el de la clase media baja se reduce a obtener un plan Procrear.
En otras palabras, a los pobres el Estado los estafa y después con parte de lo que recauda con esa estafa le construye algunas viviendas. En tanto, la clase media baja, como los fondos para crédito para la vivienda son escasos, por las limitaciones comentadas, para tener una casa tiene que tener…suerte ¡Ganar un sorteo!
Como se puede apreciar, el problema de la Argentina no es el déficit habitacional sino el déficit de políticas económicas razonables, el déficit de un buen sistema impositivo, el déficit de buenas regulaciones, etcétera.
En síntesis, el déficit que tienen nuestros políticos de relacionar sus malas acciones, con los efectos que producen.