El cuarto gobierno kirchnerista ya no disimula quién es: improvisa en lo económico, descarga su agresividad contra quienes piensan distinto y consolida su ideología “garantista” en materia de justicia.
Esta semana el Presidente de la Nación, profesor de Teoría del Delito y Sistemas de la Pena, erige a la ex magistrada María Laura Garrigós de Rébori al frente del Servicio Penitenciario Federal, una integrante de Justicia Legítima para trabajar las cuestiones carcelarias. Justicia Legítima, esa agrupación que nació al calor del “vamos por todo”, proyecto autoritario disfrazado de democratización de la justicia que acuerda en que los jueces deben ser militantes de una causa antes que profesionales.
Discípula de Eugenio Zaffaroni en su doctrina “libera presos”, pero también en sus expresiones antidemocráticas. Sin ir más lejos, cuando en febrero de 2018 el ex juez de la Corte manifestó que le hubiera gustado que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri se fuera lo antes posible “para minimizar los daños en el país”, Garrigós de Rébori lo respaldó públicamente: “(Estoy) en la misma línea de lo que dijo Zaffaroni, (al Gobierno) puede no gustarle las críticas pero esto no significa que sea un atentado contra la institucionalidad”.
Y en materia carcelaria ya sabemos que ambos comparten la misma filosofía: sostienen que los que asesinaron esta semana a botellazos a Débora en Moreno por una mochila son víctimas del sistema en el que viven y la pena no es el camino. Por eso se hacen llamar “garantistas”. Garantistas de la impunidad.
Me pregunto qué hubiera pasado si los argentinos no hubiésemos levantado la voz en contra de la liberación masiva de presos en medio de la pandemia.
Aquella vez, Garrigós de Rébori sostuvo que “en el mundo entero están vaciando las cárceles para evitar el contagio masivo” ya que ”no se los puede condenar a muerte entonces se trata de disminuir la cantidad de detenidos para poder controlar a los que quedan adentro”.
Y fue la misma que cuando la ciudadanía salió a los balcones a repudiar las liberaciones, dijo: “Nunca escuché un caceroleo por los 40 detenidos de lesa humanidad que están en arresto domiciliario, esos sí han cometido hechos violentos”.
Kirchnerismo explícito: esconder la realidad y envolverla en su propia ideología para seguir ocultando los problemas y dividiendo a la sociedad en un tema en el que justamente no hubo divisiones. Las cacerolas sonaron reclamando que todos los condenados cumplan condena, la distinción entre delincuentes buenos, delincuentes regulares y delincuentes peligrosos es un debate que deberían darse solo los referentes del gobierno K: para el argentino en general, el delincuente es delincuente. Punto.
Hay que reconocerles un mérito. Son hábiles en cambiarle el nombre a las cosas. La apropiación de empresas privadas es para garantizar “la soberanía alimentaria”. La actuación de los policías para hacer cumplir la ley, si no están ellos en el Gobierno, es “represión”. Pero si ellos gobiernan, la violencia policial y desaparición de personas es una “deuda de la democracia”. Ahora el sistema federal de cárceles del país queda a cargo de una persona que entiende que los delincuentes “cuando salen de la cárcel no consiguen trabajo y de alguna forma tienen que vivir...”, y si esa forma cuesta la vida de alguna víctima, bueno, ya sabemos la respuesta…
A la impunidad le llaman garantismo.
Yo les llamo abolicionistas del sistema penal, enemigos de la pena, amigos de la injusticia.
Podrán seguir cambiando el nombre de las cosas, pero nunca podrán callarnos.
La autora es diputada de la provincia de Buenos Aires (Juntos por el Cambio)
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