En medio de una América Latina convulsionada -en la que la Argentina, pese a sus dificultades económicas, atraviesa afortunadamente una transición pacífica y encarrilada por las vías institucionales-, los sucesos de Bolivia son muy preocupantes.
La renuncia del presidente Evo Morales es el resultado de una situación muy conflictiva. La “sugerencia” que en tal sentido le formularon las Fuerzas Armadas es inadmisible. Más allá de la calificación que se le quiera dar a esa recomendación, lo cierto es que cualquier intervención militar que influya en procesos que solo deben ser resueltos por el funcionamiento de las instituciones democráticas, no puede ser avalada de ninguna forma.
Recordemos, por otra parte, que hubo pedidos de renuncia, también, por parte de la propia Central Obrera boliviana y de la Iglesia Católica, entre otras instituciones.
Ahora bien, si a esas presiones las llamamos golpe de Estado, también deberíamos señalar que el primer golpista es Evo Morales. En efecto, fue él quien con su desmesurado apetito de conservar el poder se puso al margen de la Constitución.
Primero, al desobedecer el pronunciamiento del pueblo en el plebiscito que convocó para lograr la habilitación, que la Constitución le niega, para presentarse como candidato a una nueva reelección. Ignorando el rechazo popular en esa consulta, logró que la Justicia adicta resolviera que la prohibición constitucional de su reelección implicaba una violación a su derecho humano a ser reelecto.
Un verdadero disparate, no solo porque no existe tal derecho humano a la reelección indefinida, sino porque precisamente la idea de los derechos humanos nació como límite al poder absoluto.
Morales era, por lo tanto, un candidato ilegítimo. Pero su ilegitimidad se potenció, no solo como candidato sino como gobernante, cuando no vaciló en recurrir al fraude para obtener una victoria que las urnas le negaban. No es una mera conjetura. Así lo dictaminó la OEA y también una entidad privada contratada por el gobierno boliviano para realizar una auditoría de los comicios.
Esas maniobras, tan evidentes, atizaron el descontento de vastos sectores del pueblo. Hubo no solo manifestaciones, sino también hechos de violencia que estaban adquiriendo un peligroso crescendo. Ante esta situación, el presidente primero señaló que llamaría a nuevas elecciones y pocas horas más tarde renunció, victimizándose y denunciado un golpe de Estado.
En este contexto, es necesario que la región no se embarque en declaraciones que se vinculen a la mayor o menor simpatía que le despierte a cada uno la figura de Evo Morales. Quienes con gran irresponsabilidad piden alegremente la renuncia de Piñera y alientan los hechos de violencia en Chile, sin dudar un segundo hablan de golpe de Estado en Bolivia cuando renuncia su presidente. El signo ideológico que gobierne en Bolivia lo deberán decidir los bolivianos.
Es imprescindible que se convoque en forma urgente a elecciones limpias y transparentes. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas deben mantenerse dentro del cauce constitucional, absolutamente subordinadas al poder político. Las presiones, los planteos, las sugerencias, son gestos de un pasado de inestabilidad institucional y democracia tutelada que los latinoamericanos ya no queremos revivir. Como tampoco admitimos que gobiernos surgidos de la voluntad popular se mantengan en el poder por mecanismos que violan la Constitución y el Estado de Derecho.
El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Cambiemos)