La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y las Naciones Unidas han vuelto a poner el foco en el séptimo año de la trágica guerra en Siria. Las conclusiones del informe conjunto disputan el argumento del régimen de Bashar al Assad de que carece de este armamento de destrucción masiva. El resultado es categórico sobre el uso de gas sarín en la localidad de Jan Sheijun, relacionado con la muerte por envenenamiento de 70 civiles y cientos de heridos con intoxicación extrema. Asimismo, constata 33 ataques con armas químicas desde el 2011. De ellos, se comprueba 27 de responsabilidad del gobierno sirio. En seis casos no se ha logrado identificar a los autores. Las investigaciones concluyen que Siria utilizó gas nervioso como patrón de conducta en las zonas controladas por la oposición.
Tras la masacre de Ghuta, en el 2013, en la que murieron 1400 personas por el uso de armas químicas, Damasco se había comprometido a adherirse a la Convención de Armas Químicas y a eliminar todo el arsenal químico para el año 2014. Sin embargo, la investigación de la OPAQ y la ONU revela que no ha cumplido con esa última obligación y que utilizó gas sarín contra población civil en 2014, 2015 y 2016, en violación de la convención de 1993.
Es la cuarta vez que la misión conjunta de las Naciones Unidas y la OPAQ para investigar el uso de armas químicas (JIM, en sus siglas en inglés) acusa al gobierno sirio de ser responsable de ataques en violación al derecho humanitario internacional. El último informe demuestra con claridad que se han vulnerado las reglas de la guerra con el uso sistemático de armas químicas. Esta grave comprobación pone en evidencia la necesidad de que las autoridades sirias rindan cuentas. Dibuja también un horizonte penal como crimen de guerra a gran escala.
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Lamentablemente el JIM quedará disuelto próximamente, atento a que Rusia ha vetado renovar el mandato de la misión conjunta de la OPAQ y la ONU. Este desafortunado antecedente permite pensar que es difícil que prospere la acción del Consejo de Seguridad para remitir las tragedias ocurridas en Siria a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Resultaría muy inquietante que crímenes de guerra por el uso de armas químicas puedan quedar impunes. También que la violación de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas no tenga ninguna consecuencia. La falta de una acción decidida por parte del Consejo de Seguridad de ONU sería una señal desilusionante que podría afectar seriamente la credibilidad del instrumento y de la OPAQ, que, desde su constitución, en 1997, es un ejemplo de eficacia y seriedad técnica como lo dejó en evidencia el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz del 2013.
La Argentina ha sido clave en esa historia. Diplomáticos argentinos jugaron un papel central en la negociación y la conclusión de la convención de 1993. Posteriormente, fue el embajador Rogelio Pfirter, como director general de la OPAQ, uno de los artífices de la capacidad de excelencia del organismo como responsable del control y la verificación a nivel global. También por haber logrado que la convención tuviera un alcance universal.
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Es importante que el régimen de las armas químicas, como su órgano de control, no sufra fisuras y que quienes lo vulneran rindan cuentas. Resultaría intolerable que el uso sistemático de armas de destrucción masiva no recibiera la pena que corresponda. Ya el papa Francisco se había manifestado espantado por los efectos de las armas químicas en Siria y solicitó a "todos con responsabilidad política para que detengan esta tragedia". Es hora de que eso ocurra de forma definitiva.