Lejos de dejarse amedrentar por la andanada que pretende llevárselo puesto, Julio de Vido resiste. Tras presentar un escrito en el que se define como víctima de una de las "persecuciones más sistemáticas, injustas y meticulosamente organizadas", este jueves se plantó en la audiencia para debatir el impacto ambiental de las represas Kirchner y Cepernic.
Unas horas después, redobló la apuesta en el frente judicial presentando un pedido para que se lo someta a un jurado popular por la causa de la tragedia de Once. Según su abogado, eso le permitiría tener "un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".
La inhabilidad moral o la indignidad que le atribuyen sus pares lo tienen sin cuidado. Él se siente un perseguido político y actúa en consecuencia.
Puede que no sea el único convencimiento que tonifica su apostura. Mientras las fuerzas que quieren removerlo de la banca cuentan uno a uno los votos que se necesitan para consumar la ejecución, algunas voces suman inquietantes argumentos.
Margarita Stolbizer cumplió en informar que por las mismas razones que se pretende desalojar a De Vido, podría impedirse que CFK ocupe, en caso de ser electa, su lugar en el Senado. Para reforzar su advertencia, echa mano a textuales de Cristina Kirchner de 2001, cuando la entonces senadora alegaba en comisión: "Incorporar un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, acarrearía un escándalo difícil de superar y podría herir de muerte las posibilidades de recuperar esta institución con la sociedad".
La legisladora de 1País está a favor de la exclusión de Julio de Vido, pero sostiene que no puede alegarse inhabilidad moral, porque eso no se evaluó antes de admitirlo en la Cámara. Prefiere hablar de una "multiplicidad de conductas irregulares en perjuicio de la administración pública que afecta en términos institucionales a la Cámara".
El Bloque Justicialista se sumó a los que le bajan el pulgar al ex ministro de Planificación Federal. No se trata de un acuerdo político sino de "una convicción", dijo el diputado nacional salteño Pablo Kosiner. Cuestión de palabras. Una materia siempre opinable y flexible.
Lo inelástico son los números y por ahora no dan. Si la presencia fuera perfecta en el recinto el día del debate, aún faltan 17 votos para remover al hombre fuerte de la administración de los K. El tema no preocupa al oficialismo, que está dispuesto a debatir aunque no se obtenga la remoción. Entienden que en cualquier caso es todo ganancia, porque expondría en plena campaña a los que protegen al vapuleado ex ministro.
Hay quienes no votan negativamente pero se abstienen porque entienden que no se puede remover a un legislador por un "motivo discrecional". Considerando que se necesitan las dos terceras partes de los presentes, la abstención favorece a los que votan en contra y la ausencia, a los que votan a favor.
Mientras desde las dos posturas se velan armas, otro tema sensible sobrevuela la Cámara Baja. Si la Justicia entendiera que fue Máximo Kirchner quien instruyó a Víctor Manzanares a desviar fondos del intervenido condominio familiar hacia otras cuentas, el debate sobre un eventual desafuero del vástago presidencial sumaría leña a la hoguera de la campaña.
La imagen del contador de la familia presidencial con chaleco antibalas, esposado y con casco bajando en Comodoro Py suma figuritas inquietantes al álbum de la corrupción K.