Ayer se aceptó la renuncia del juez Carlos Rozanski, quien en un acto de cobardía esquivó así su inminente acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, que sin dudas hubiese desnudado definitivamente la historia negra de un personaje que embaucó a algunos ingenuos y causó un daño terrible a la causa de los derechos humanos, al personal subyugado y difamado durante años, a sus propios colegas y a todos los que luchamos por la Justicia que reclama nuestra comunidad.
No sabemos con qué criterio se evaluaron sus antecedentes para terminar a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) nº 1 de La Plata. En su paso por la Justicia de Río Negro como juez de Familia dejó una oscura impronta en toda la comunidad judicial rionegrina que también hubiera salido a la luz en el Jury.
Una vez que juró en el TOCF nº 1, operó maquiavélicamente para sacarse de encima a colegas que pudieran "opacarlo" en la labor jurisdiccional. En esa lucha contra sus colegas intentó comprometer al personal, al intimidarlo con un binario: "Están conmigo o están en mi contra". Como correspondía, los empleados respondieron que estaban al servicio del tribunal y que respetaban a todos los magistrados por igual. "Bienvenidos al infierno" fueron las palabras de Rozanski. A partir de allí, comenzaron a sufrir un calvario que se extendió hasta el día de su renuncia.
Cuando la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) lo denunció ante el Consejo de la Magistratura, allá por 2009, el daño que sufrían los trabajadores y los funcionarios judiciales era mayúsculo. Además de la violencia laboral que ejercía, tuvieron que afrontar un plan sistemático de difamación en los medios. A veces pretendiendo vincularlos a los nefastos Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, otras, tratándolos de delincuentes comunes e iniciando delirantes causas penales. Igual trato recibió quien esto escribe, cuyo papel en la resistencia a la dictadura es ya conocido, a diferencia del de Rozanski.
Su conducta perversa llegó a tales límites que se ensañaba violentando psicológicamente entre otros a una trabajadora judicial, Viviana Podjarny, cuyo abuelo fue precisamente víctima del genocida Camps y que murió en la tortura, el señor Rubinsztein, contador del grupo Graiver.
Protegido por el Gobierno anterior y su gente en el Consejo de la Magistratura —que por aquel entonces ostentaba la mayoría del cuerpo—, las denuncias en su contra fueron cajoneadas pero jamás se atrevieron a desestimarlas, dato sustancial de la gravedad de las imputaciones.
Este psicópata montó su escenografía personal sobre los legítimos y necesarios juicios de lesa humanidad. Hoy mismo pretende decir que se trata de una persecución por estos juicios. Que quede claro: es el único magistrado denunciado vinculado con causas de lesa y lo es justamente por lo que aquí se describe. Los organismos de derechos humanos seguramente ignoren que el magistrado pasaba las horas previas a las lecturas de sentencia haciendo pruebas de iluminación y tomas de cámara para su lucimiento personal y que, luego, se pedía licencia mientras otros escribían su voto. Un detalle menor, sin lugar a dudas. Pero lo que no resulta menor es que fueron los trabajadores —estigmatizados por el magistrado— quienes garantizaron que los juicios salieran bien. Y son ellos quienes garantizarán los juicios que vengan, que nadie lo dude.
Su renuncia evidentemente pretende que no tomen estado público las pruebas acumuladas, no sólo referidas a la violencia laboral ejercida sobre trabajadores y sobre sus pares, sino una larga lista de engaños que no exceptúan hechos de corrupción, lo que devela su verdadera personalidad.
Algunos ejemplos de lo que oculta Rozanski:
-Veinticuatro es el número de empleados maltratados sistemáticamente a partir de la resistencia a formar parte de su séquito y ser funcionales a los ataques que desarrollaba contra sus colegas magistrados.
-Trece de esos 24 agentes optaron por renunciar a su puesto en la Justicia o consiguieron un traslado a otro lugar para escapar de su sádica persecución. Muchos esquivaron su arbitrario intento de hacerlos cesar en sus contratos gracias a la acción de los circunstanciales subrogantes hasta que el gremio obtuvo la efectivización por parte de la Corte Suprema de Justicia de los perseguidos.
-Además de sus dos primeros colegas magistrados, uno de los cuales terminó renunciando (doctor Horacio Insaurralde) y el otro cambió de Tribunal (doctor Marcelo Bertuzzi), subrogaron 16 jueces. Muchos de ellos (incluso miembros de Justicia Legítima) declararon valientemente en su contra ante el Consejo de la Magistratura.
-De 2009 a esta parte, denunció penalmente a alrededor de 18 servidores de Justicia entre magistrados colegas, empleados, funcionarios y consejeros, repitiendo el modus operandi que aplicara en otra época en Río Negro.
– Alquiló una segunda sede para el TOCF nº 1, a la que mudó a su personal de confianza, con lo que se instaló un espectacular despacho equipado a todo lujo, como una burla a las oficinas de sus colegas, pagando un canon locativo de 280 mil pesos mensuales (en 2010) y con gastos de mantenimiento superiores a los 45 mil pesos mensuales (por entonces un total de 80 mil dólares por mes). Lo curioso es que tal alquiler lo firmó en calidad de locador el doctor Diego Lacki, quien resulta ser abogado particular del magistrado denunciado.
-Incurrió en abandonos reiterados de la jurisdicción, para realizar viajes al exterior (al menos uno por mes). Con récord de licencias.
-De las 1.400 causas que había en el tribunal instruidas y para realizar los juicios, dejó prescribir nada menos que 1.098 (sí, mil noventa y ocho). Pero lo peor es que no eran causas menores, sino mayormente de evasión agravada y narcotráfico.
-De las 120 audiencias de suspensión de juicio a prueba y observado que hubo en esos años, no asistió a ninguna.
-Como presidente del tribunal, nunca cumplió con su obligación de visita a las cárceles. No fue nunca.
-Fue responsable de 50 excarcelaciones de peligrosos delincuentes por falta de tramitación de las causas (las dejaba dormir). La mayoría de los detenidos y sometidos a juicio oral lo eran por secuestros extorsivos y narcotráfico. Hoy varios están prófugos (¿negligencia o corrupción?).
La opinión pública debe conocer lo que hay detrás de este personaje siniestro. Dice que renunció porque se siente perseguido por el Gobierno actual. Y es justamente lo contrario. Debería agradecerle a este Gobierno por haberle aceptado la renuncia y permitirle gozar de la jubilación que le vamos a pagar todos los argentinos, y además haber escapado cobardemente a la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento que hubiera hecho pública la verdad sobre su persona, sobre su conducta indecorosa como juez y dejado abierta su responsabilidad por hechos de corrupción.
En fin, a sus víctimas les queda el consuelo de que su lucha no fue en vano. A ellos, el más profundo y sentido abrazo. La unión hace la fuerza.
@JulioPiumato
El autor es secretario general, Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.