La alternancia en los cargos públicos tiene su origen en el sistema de rotación de cargos o turnos de la Grecia antigua. Si bien con miradas y características distintas, la rotación o alternancia ya desde entonces se erigió en un elemento central de todo gobierno democrático.
Para Aristóteles, el mecanismo que conectaba la Democracia con la libertad consistía en que cada uno "gobernaría y sería gobernado a la vez" y, desde esa perspectiva, la rotación procuraba que la mayor cantidad de ciudadanos alguna vez pudieran acceder al gobierno. En la actualidad, la alternancia se basa en la idea de no ser gobernados siempre por los mismos, en razón de los efectos nocivos que proyecta la perpetuidad en el mando. Y muchas veces, en aras de evitar esa perpetuidad, para renovar las ideas y los proyectos se hace necesario renovar las personas.
Es por ello que los mandatos cortos y las restricciones a la reelección, donde quiera que se introduzcan, tienen siempre la intención de evitar que los elegidos se perpetúen en el cargo que ejercen bajo la idea de que tal situación acaba desvirtuando la división de poderes y haciendo peligrar los comicios libres y transparentes. No puede desconocerse que la continuidad indefinida en el poder es posible, en la mayoría de los casos, gracias a un perverso entramado de privilegios, clientelismos y fraudes.
La alternancia consolida la democracia, la enriquece. Alternancia que se tiene que dar no sólo entre los partidos políticos sino también dentro cada fuerza misma, las cuales deberán proponer nuevos y diferentes actores –al menos cada dos períodos– para ocupar los distintos cargos ejecutivos y legislativos.
Avanzar con este proyecto es empezar a saldar una deuda de la política para con la Democracia. Es terminar con una de las cuestiones más rancias que delineó nuestra Democracia en sus jóvenes 32 años: el enquistamiento en el poder de determinados dirigentes gracias a la posibilidad de una eterna reelección.
Dando media sanción a esta norma acentuamos una idea que se inició con la Reforma Constitucional en la Provincia de Buenos Aires, en el año 94. Ocho años son suficientes para un proyecto político encabezado por una misma persona. Si el pueblo decidiese darle continuidad a ese proyecto, será en cabeza de otro dirigente que optará por imprimirle un renovado estilo a la gestión o cambiará. Pero esos cambios con o sin continuidades son sanos, enriquecen y robustecen la gestión. La Constitución nos llama a legislar sin pensar en nuestros intereses personales o mezquinos, sino poniendo por sobre todos los órdenes los intereses públicos que predominan dentro de un Estado de Derecho.
Es nuestra voluntad que esta iniciativa se encuadre en el marco de otras muchas iniciativas y propuestas que coadyuven en la concreción de la extensa reforma política que como provincia nos debemos. Entre estas iniciativas están, por ejemplo, la reforma de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la implementación de la boleta electrónica y tantas otras propuestas más.
Evitar los cargos eternos es una muestra de la madurez y de la voluntad política que caracteriza a esta generación de legisladores, quienes tienen en claro que los tiempos políticos presentes nos comprometen a trabajar en la modificación de todo aquello que sea necesario cambiar. En primer lugar, en pos de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a quienes representamos, y en segunda instancia, en pos de enaltecer la función legislativa para la cual esos ciudadanos nos han elegido.
El autor es Diputado Provincial (Frente Renovador)