La oposición democrática de Nicaragua sostuvo que la Organización de los Estados Americanos dio un plazo de 60 días al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para adoptar medidas que restituyan libertades, liberen a las personas presas políticas y permitan el retorno seguro de exiliados. La decisión, aprobada por consenso durante una consulta de ministros de Relaciones Exteriores, prevé evaluar la respuesta del régimen y definir nuevas medidas si no hay avances.
El mecanismo contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento, que deberá presentar un informe a los cancilleres sobre las acciones adoptadas por Managua. La reunión de consulta deberá retomar el caso en un máximo de 90 días, o antes, para valorar el cumplimiento de los compromisos.
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Haydee Castillo afirmó que la declaración representa el paso de “resoluciones, consideraciones llamamientos” a “acciones concretas, con plazos concretos”. La dirigente sostuvo que el proceso incluye la demanda de liberar a todas las personas presas políticas y desaparecidas, además de restaurar las libertades restringidas en el país.
Un grupo ministerial con diálogo con la oposición
El grupo deberá conformarse en un plazo de 30 días y establecer contactos tanto con el régimen como con sectores políticos, sociales, religiosos, empresariales y organizaciones civiles nicaragüenses en el exilio. La oposición considera que su incorporación formal al mecanismo constituye una diferencia respecto de anteriores decisiones hemisféricas.
El activista Félix Maradiaga dijo que la OEA reconoció a las distintas expresiones de la oposición democrática como una contraparte para el diálogo. Aseguró que las organizaciones políticas, estudiantiles, campesinas, religiosas y de la sociedad civil alcanzaron acuerdos estratégicos pese a sus diferencias internas.
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La posibilidad de que una delegación de alto nivel ingrese a Nicaragua fue otro de los puntos destacados por los dirigentes. Maradiaga afirmó que el régimen deberá responder a una eventual misión ministerial y advirtió que una negativa no debería cerrar el proceso: “Un no no lo va a aceptar la reunión ministerial”.
El opositor señaló que, según conversaciones posteriores a la sesión plenaria con cancilleres, una eventual negativa de Managua abriría la puerta a una nueva convocatoria para adoptar “otras medidas de mayor presión”. También sostuvo que las organizaciones exiliadas están dispuestas a regresar al país si existen condiciones para hacerlo.
“Nosotros no estamos apostando a elecciones con Ortega”, declaró Maradiaga. “Estamos apostando a la salida definitiva de la dictadura y a una transición democrática y pacífica”.
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Las reformas constitucionales y las propuestas opositoras
Lesther Alemán afirmó que el consenso alcanzado incluyó un reclamo para revertir las reformas constitucionales de 2025 y 2026, que, según expuso, consolidaron la criminalización y judicialización de la oposición.
Las organizaciones presentes en la conferencia aseguraron que enviaron el 27 de septiembre alrededor de 42 propuestas y sugerencias para que fueran consideradas como acciones progresivas. Alemán explicó que esas medidas buscaban establecer mecanismos para medir la disposición del régimen a devolver libertades y abrir un diálogo.
El dirigente sostuvo que la negociación del texto se extendió y continuó durante la mañana antes de la sesión formal. Aunque Brasil y Uruguay incluyeron observaciones en notas al pie, afirmó que ambos países respaldaron el contenido de la declaración.
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La oposición insistió en que la consulta de cancilleres no fue un encuentro limitado a unas horas, sino un proceso de trabajo de 90 días. Alemán afirmó que las organizaciones están preparadas para dialogar con los sectores que determine el grupo ministerial y para presentar sus propuestas ante una eventual mesa de negociación.
Castillo pidió a la población nicaragüense, dentro y fuera del país, utilizar los meses de octubre, noviembre y diciembre para presionar por la liberación de detenidos políticos y la restitución de derechos. También señaló que la declaración pide a los sistemas universal e interamericano de derechos humanos preservar pruebas y continuar documentando violaciones para que existan rendición de cuentas y justicia.
Presión diplomática y llamados a las fuerzas de seguridad
Yunova Acosta afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana comunicó públicamente el retiro de su embajada en Nicaragua. La dirigente presentó esa decisión como una de las medidas diplomáticas que la oposición espera de otros gobiernos de la región.
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Maradiaga sostuvo que las alternativas planteadas por las organizaciones incluyen presión económica y diplomática, entre ellas la ruptura de relaciones bilaterales. Sin embargo, reconoció que algunos países consideran necesario mantener canales abiertos con Managua y que Estados Unidos había propuesto una embajadora para Nicaragua en lugar de cortar vínculos.
La oposición interpretó la negativa del régimen a otorgar el beneplácito a la representante nominada por Estados Unidos como una señal de resistencia frente a la presión internacional. Alemán afirmó que esa decisión debería elevar los costos diplomáticos para Ortega y que Washington busca actuar tanto por vías multilaterales como bilaterales.
Los dirigentes también dirigieron mensajes al Ejército y a la Policía de Nicaragua. Castillo planteó que los agentes deben tomar distancia del régimen y ponerse “del lado del pueblo de Nicaragua”, mientras Maradiaga sostuvo que las Fuerzas Armadas deben decidir si serán “parte del problema o parte de la solución”.
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La convocatoria incluyó la formación de unidades barriales, comunitarias y municipales de transición, según Castillo, aunque subrayó que las acciones deben desarrollarse sin exponer la seguridad de las personas. También llamó a reconstruir redes de solidaridad entre vecinos y a fortalecer la unidad entre sectores con posiciones distintas.
Denuncias de detenciones y migración forzada
Maradiaga afirmó que hubo redadas el 4 y el 14 de julio y pidió a familiares de personas detenidas, bajo arresto domiciliario o desaparecidas que documenten cada caso ante las organizaciones de derechos humanos con las que tengan mayor cercanía. Según sostuvo, el seguimiento internacional sobre Nicaragua debe centrarse en quienes no pueden denunciar directamente su situación.
El dirigente aseguró que la oposición no aceptará impunidad por asesinatos y otras violaciones denunciadas durante la crisis política. “Las personas más importantes en este esfuerzo son los que no pueden hablar”, afirmó, en referencia a las personas detenidas, desaparecidas o sometidas a restricciones.
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Ante preguntas sobre nicaragüenses en riesgo migratorio en Estados Unidos, Maradiaga dijo que las organizaciones han mantenido reuniones privadas y contactos con autoridades y legisladores. Mencionó a los senadores Kaine, Curtis y a la senadora Shaheen entre quienes se comprometieron a conversar con la administración estadounidense sobre estos casos.
El opositor señaló que existen situaciones complejas por conflictos con normas internas de Estados Unidos, pero sostuvo que la salida de la dictadura es, a su juicio, la solución de fondo para la migración forzada. Alemán afirmó que la represión, la persecución y el exilio son costos atribuibles al régimen de Ortega y Murillo.
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