Colectivo denuncia avance hacia una dinastía en Nicaragua tras fin de elecciones

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advirtió que la decisión de acabar con las elecciones en Nicaragua constituye avance hacia una dinastía en el poder y la supresión definitiva de toda vía pacífica para la alternancia política. La organización, desde el exilio, alertó este miércoles que el anuncio, realizado el 19 de julio por el propio Daniel Ortega, implica que la familia Ortega-Murillo busca perpetuarse en el control del país, cerrando la puerta a cualquier mecanismo democrático y sometiendo a la ciudadanía a un régimen de sucesión hereditaria.

Según el comunicado difundido por el colectivo, Ortega expresó que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que levanten “un muro” contra quienes considera opositores. El colectivo afirma que este proceso, que ya avanza en la Asamblea Nacional, consolida la abolición del Estado de Derecho y evidencia la intención irreversible de perpetuarse en el poder mediante el miedo y la persecución. “Una familia pretende decidir quién puede gobernar, durante cuánto tiempo y quién heredará el poder, pues esta eliminación abre la puerta a una sucesión dinástica discrecional y fuera de cualquier control”, advierte el texto.

Para el colectivo, la abolición de las elecciones no solo deja sin efecto el derecho al voto, sino que elimina toda posibilidad de exigir cuentas, denunciar corrupción o reclamar justicia por crímenes de lesa humanidad. La organización destaca que si bien en Nicaragua no existen elecciones libres desde 2011, el régimen mantenía la ficción de comicios bajo su control, excluyendo candidaturas, persiguiendo opositores y adjudicándose resultados sin garantías. Ahora, la supresión es abierta y total.

Denuncian consolidación de un régimen de partido único y sucesión familiar en Nicaragua

El comunicado recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencias condenatorias contra Nicaragua por vulneración de derechos políticos y violencia en contextos electorales. Entre los antecedentes destacan el caso YATAMA vs. Nicaragua de 2005, por la exclusión arbitraria de candidaturas indígenas, y el caso Gadea Mantilla vs. Nicaragua, donde la Corte señaló que las elecciones de 2011 carecieron de integridad, imparcialidad y equidad, habilitando la reelección de Ortega por vía judicial.

El colectivo sostiene que la reforma constitucional aprobada en 2024 y ratificada en 2025 estableció un sistema de partido único, subordinando todos los poderes a la copresidencia de Rosario Murillo junto a Ortega, sin contrapesos ni independencia institucional. La organización afirma que “aunque Nicaragua conserva formalmente un texto denominado Constitución, este ha dejado de cumplir su función esencial”, pues la norma se utiliza para dar apariencia de legalidad a los crímenes del régimen y a la transformación del Estado en una dictadura dinástica.

La supresión definitiva de elecciones persigue dos objetivos, según el comunicado: perpetuar la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos y allanar el camino para la sucesión familiar. El texto denuncia que la copresidencia “ya convirtió el poder estatal en un espacio compartido por el matrimonio Ortega-Murillo” y que la eliminación de elecciones permitirá que la continuidad del régimen y la designación de futuros gobernantes se decidan dentro de la familia, sin participación popular.

El colectivo enfatiza que estas decisiones tienen como consecuencia profundizan el miedo, la censura y la separación de familias, obligan al exilio a miles de personas y dejan a las víctimas sin instituciones ante las que reclamar justicia. Además, aumentan el riesgo de detenciones arbitrarias, desapariciones, destierros, privaciones de nacionalidad y actos de represión transnacional.

El avance hacia un régimen familiar y de partido único no afecta solo a Nicaragua, sino que amenaza la estabilidad democrática de Centroamérica y crea un precedente regional donde una dictadura puede eliminar elecciones y asegurar su permanencia sin consecuencias internacionales proporcionales.

Para el Colectivo Nicaragua Nunca Más, la soberanía no pertenece a una familia ni a quienes controlan las instituciones y las armas, sino exclusivamente al pueblo nicaragüense, al que hoy pretenden despojarle definitivamente el derecho a decidir y a volver a su país.