La oposición nicaragüense en el exilio declaró su respaldo a la extradición de Alessio Casimirri, el exbrigadista que lleva más de cuatro décadas refugiado en Nicaragua con nacionalidad otorgada por el régimen sandinista, mientras el país centroamericano rompe relaciones diplomáticas con Italia antes de ceder ante la justicia europea. Ruta del Cambio, el partido opositor liderado por el dirigente desnacionalizado Félix Maradiaga, fue categórico: “Nicaragua no puede seguir siendo utilizada como refugio de personas condenadas por terrorismo internacional ni como territorio de impunidad para aliados políticos del sandinismo”.
Quién es Casimirri y qué hizo en 1978
Casimirri, de 74 años, es uno de los condenados por el crimen político más traumático de la Italia del siglo XX. El 16 de marzo de 1978, un comando de las Brigadas Rojas —grupo marxista-leninista que buscaba derribar el Estado italiano mediante la lucha armada— emboscó la caravana del exprimer ministro Aldo Moro en la Via Fani de Roma, asesinó a los cinco agentes de su escolta y lo mantuvo secuestrado durante 54 días.
El 9 de mayo de ese año, el cuerpo de Moro apareció en el maletero de un Renault 4 estacionado en la Via Caetani, a pocos metros de las sedes del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Comunista Italiano.
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Era el estadista más poderoso del país y se hablaba de él como el próximo presidente de la república.
La justicia italiana condenó a Casimirri en ausencia a seis cadenas perpetuas, 24 años de cárcel y dos años de aislamiento diurno. Él huyó a comienzos de los 80 y desde 1983 reside en Nicaragua, donde el primer Gobierno sandinista le concedió la nacionalidad.
Desde entonces, ha sostenido siempre que es inocente y ha construido una actividad empresarial en los sectores de restaurantes y pesca.
Por qué Nicaragua se niega a entregarlo
La Constitución nicaragüense prohíbe en su artículo 43 la extradición de ciudadanos propios. Casimirri obtuvo la nacionalidad en 1988, y la Corte Suprema del país declaró en su momento que el caso era “cosa juzgada”.
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“No puede ser extraditado ni encarcelado”, afirmó el entonces magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional.
Italia ha presentado solicitudes formales de extradición en tres gobiernos distintos: en 1996, bajo Violeta Barrios de Chamorro; en 2004, con Enrique Bolaños; y en 2015, durante el segundo período de Daniel Ortega. Las tres fueron ignoradas.
La ruptura diplomática que detonó la crisis
La chispa llegó el 16 de julio de 2026, cuando el canciller italiano Antonio Tajani volvió a exigir públicamente la extradición durante una cumbre del Partido Popular Europeo en Madrid.
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Tajani calificó de “injusto e inaceptable” que Nicaragua siga garantizando inmunidad a “un asesino condenado con seis cadenas perpetuas” y llamó al gobierno de Ortega “extremista”.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió ese mismo jueves con la ruptura total de relaciones diplomáticas, calificando las palabras de Tajani de “injustificadas, agresivas e irresponsables” y de “arrogancia europea”.
La respuesta de la oposición en el exilio
Ruta del Cambio rechazó la decisión de Managua y la desconoció como “unilateral”. El movimiento vinculó la protección a Casimirri con un patrón más amplio: el mismo régimen que ampara a un terrorista internacional “encarcela, destierra, desnacionaliza y confisca los bienes de ciudadanos nicaragüenses inocentes”.
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La agrupación también expresó agradecimiento a Italia por su “solidaridad, cooperación y amistad” con Nicaragua, y advirtió que “ninguna decisión arbitraria de la dictadura podrá destruir los lazos que unen a nuestras sociedades”.
Tajani, por su parte, cerró la puerta a cualquier retroceso: “Italia continuará defendiendo con determinación esta demanda, en respeto a la memoria de las víctimas del terrorismo y a los principios de justicia”, según recogió la cancillería italiana.