Axe Ceremonia: tres meses para esclarecer las omisiones que llevaron a la muerte de dos fotoperiodistas

El 5 de abril de 2025, una estructura metálica sostenida por una plataforma elevadora cayó sobre los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles mientras cubrían el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos murieron a consecuencia de las lesiones.

A más de un año del accidente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene tres meses para completar la investigación y esclarecer las omisiones que pudieron contribuir a la tragedia.

Uno de los puntos centrales es la revisión de seguridad realizada un día antes del festival. El viernes 4 de abril de 2025, personal de Protección Civil inspeccionó el recinto para revisar las condiciones del evento y comprobar que correspondieran con lo presentado por los organizadores en el programa de protección civil. La minuta de campo de la alcaldía Miguel Hidalgo registró diez observaciones, pero ninguna mencionó las grúas que después sostendrían las estructuras decorativas.

La revisión comenzó a las 12:50 horas y concluyó a las 16:04. Entre las observaciones quedaron pendientes aspectos del montaje, las condiciones de instalaciones eléctricas, la pirotecnia y elementos de seguridad en distintas zonas. El documento advertía al promotor que las omisiones o negligencias serían de su responsabilidad conforme a la normativa de gestión de riesgos y protección civil.

Sin embargo, las grúas no estaban instaladas cuando se realizó ese recorrido. Fueron colocadas el mismo día del festival, después de la inspección, y no estaban contempladas en el Programa Especial de Protección Civil presentado ante las autoridades. La diferencia entre el escenario revisado el viernes y las condiciones del recinto durante el evento constituye uno de los puntos que la investigación debe esclarecer.

La inspección previa también abre preguntas sobre el seguimiento de las observaciones. El personal de Protección Civil debía verificar que fueran atendidas antes del inicio del espectáculo y supervisar las condiciones de seguridad durante el evento. La Fiscalía deberá establecer qué revisiones se realizaron después de la primera visita, si hubo una nueva verificación cuando concluyó el montaje y por qué las estructuras instaladas el sábado no fueron incorporadas al programa de seguridad.

No basta con determinar que las grúas no aparecían en el documento. También es necesario esclarecer quién decidió incorporarlas, qué evaluación técnica se hizo antes de utilizarlas y qué medidas debían aplicarse para comprobar que podían sostener las figuras decorativas de manera segura. Un dictamen de mecánica forense determinó que la plataforma elevadora involucrada en el accidente fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada.

Ese hallazgo aporta un elemento técnico a la investigación, pero no resuelve por sí solo todas las responsabilidades. La Fiscalía debe precisar cómo se decidió utilizar la plataforma, quién conocía sus características y limitaciones, qué verificaciones se hicieron antes de ponerla en operación y si existieron advertencias sobre los riesgos del montaje.

La reconstrucción también requiere distinguir las obligaciones de quienes administraban el Parque Bicentenario, de la empresa promotora del festival y de la compañía encargada de la producción y ambientación. Sus funciones estaban relacionadas con diferentes etapas del evento, desde la preparación del programa de protección civil hasta la organización de los espacios y la instalación de las estructuras. La investigación debe determinar qué obligación correspondía a cada parte y qué evidencia permite establecer si fue incumplida.

Este 20 de octubre, un juez vinculó a proceso a siete personas y tres empresas por su probable participación en los hechos. Con la responsable de Protección Civil del festival, vinculada previamente, suman ocho personas físicas y tres empresas sometidas a proceso. La resolución judicial permite que continúe la causa penal, pero no equivale a una sentencia condenatoria.

El juez fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En ese periodo, el Ministerio Público deberá profundizar en las pruebas técnicas y documentales, las inspecciones, las entrevistas y los registros audiovisuales reunidos para reconstruir lo ocurrido antes del colapso. La cuestión central será establecer qué controles debían operar, cuáles se omitieron y qué relación puede acreditarse entre esas fallas y la muerte de los dos fotoperiodistas.

El caso no se limita a determinar quién instaló la estructura que cayó en el festival. También exige esclarecer cómo se permitió que el montaje cambiara después de la inspección inicial sin que las nuevas condiciones de seguridad quedaran contempladas en el programa presentado ante las autoridades. La respuesta deberá surgir de las pruebas incorporadas al expediente y de la responsabilidad individual que pueda acreditarse durante el proceso penal.

Protestas y acusaciones de la familia contra las empresas

El 19 de octubre de 2026, familiares y amigos de Miguel Ángel Rojas bloquearon durante cerca de tres horas la avenida Niños Héroes, frente a los juzgados de la Ciudad de México, para exigir que las empresas y los directivos señalados por las muertes fueran vinculados a proceso. Durante la protesta, asistentes corearon: “¡No fue coincidencia, fue negligencia!”.

Ese mismo día, la abogada Tábata Salas, representante legal de la familia de Miguel, denunció que las empresas organizadoras habrían recibido alrededor de 100 millones de pesos de una aseguradora por el siniestro. Según la defensora, la información surgió durante una audiencia. La cifra y el pago fueron presentados como señalamientos de la representación legal de la familia, no como una resolución judicial sobre responsabilidad penal.

Salas también cuestionó que las empresas solicitaran declarar prescrita la acción penal. Sus defensas argumentaron que había vencido el plazo para imputarlas por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2025. La abogada sostuvo que los retrasos del procedimiento obedecieron a recursos y estrategias legales de los acusados, no a la familia ni a la Fiscalía. La petición de prescripción formó parte del debate judicial y no debía presentarse como una decisión definitiva del juez.

En abril de 2026, al cumplirse un año de las muertes, familiares y miembros del colectivo realizaron un “anticoncierto” frente al Parque Bicentenario para mantener la exigencia de justicia. En esa ocasión, Salas planteó que el caso también debía servir para impulsar mejores garantías de seguridad para quienes trabajan en coberturas periodísticas.