Centro Prodh acusa trabas de la Defensa para abrir archivos militares de la Guerra Sucia

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha promovido recursos legales para demorar el cumplimiento de una resolución judicial que ordena entregar al Archivo General de la Nación (AGN) documentos relacionados con la llamada Guerra Sucia, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), al insistir en la necesidad de abrir los archivos militares y esclarecer las desapariciones forzadas cometidas durante ese periodo.

El señalamiento se produjo este jueves 15 de octubre, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el tema durante su conferencia de prensa matutina y afirmara que la dependencia militar “tiene que responder” a la determinación judicial.

El caso está relacionado con el litigio promovido por Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, desaparecida en 1978. La resolución del Tribunal Colegiado ordenó establecer un mecanismo imparcial para hacer efectiva la entrega de los archivos históricos, cuya revisión podría aportar información sobre el paradero de víctimas y las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos.

Para el Centro Prodh, el cumplimiento de la resolución es indispensable para avanzar en el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, frente a los obstáculos que, de acuerdo con el organismo, persisten para acceder a documentación militar relevante. La organización ha documentado el litigio y la exigencia de apertura de estos expedientes.

Centro Prodh exige apertura de archivos y reconocimiento del Estado

El organismo también planteó que el esclarecimiento de los hechos debe incluir el reconocimiento de que las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia fueron ordenadas desde las más altas esferas del poder.

Esta exigencia supone ir más allá de la entrega de documentos: implica reconocer la responsabilidad del Estado mexicano, garantizar el acceso a los archivos militares y recuperar las recomendaciones formuladas por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico.

Dicho mecanismo documentó obstáculos para consultar expedientes militares durante las investigaciones sobre las violaciones cometidas entre 1965 y 1990. Entre los problemas señalados en sus trabajos se encuentran dificultades de acceso a documentos y la existencia de información que podría resultar relevante para esclarecer desapariciones.

La apertura de los archivos permitiría examinar registros sobre operaciones de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad durante ese periodo, así como identificar datos que contribuyan a reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.

El caso de Alicia de los Ríos Merino es uno de los que mantienen vigente esta exigencia. La mujer desaparecida fue militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y, de acuerdo con la documentación del Centro Prodh, fue detenida el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México por agentes policiales. Su paradero continúa sin esclarecerse. El organismo acompaña a su familia en la búsqueda de verdad y justicia.

Sheinbaum plantea tres ejes para atender a las víctimas

Durante la mañanera, Sheinbaum afirmó que su administración trabaja con familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, particularmente con el Comité Eureka, colectivo del que formó parte Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La presidenta explicó que ha sostenido alrededor de cuatro reuniones con integrantes del colectivo y que las acciones se concentran en tres objetivos: el reconocimiento de la desaparición forzada como una práctica ordenada desde las más altas esferas del poder, la búsqueda de verdad y justicia, y el esclarecimiento del paradero de las víctimas.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México”, señaló la mandataria, al referirse a las desapariciones de personas que pensaban distinto o que habían optado por la guerrilla.

Sheinbaum sostuvo que, incluso cuando una persona hubiera cometido un delito, las autoridades debían actuar conforme a la ley y no recurrir a la desaparición forzada.

También indicó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabaja en el tema junto con la Fiscalía General de la República (FGR). Añadió que Ernestina Godoy designó a Raúl Jiménez para atender la fiscalía especializada en las víctimas de desaparición de la Guerra Sucia, mientras Arturo Medina participa en los trabajos relacionados con las recomendaciones de la CNDH.

El caso de Alicia de los Ríos mantiene la disputa por los documentos

Las declaraciones presidenciales ocurrieron después de que una periodista preguntara por la resolución judicial que ordena a la Defensa entregar información relacionada con Alicia de los Ríos y otras personas desaparecidas durante la Guerra Sucia.

En ese contexto, la comunicadora solicitó que, en su calidad de comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum instruyera a la dependencia a entregar los expedientes y permitir el esclarecimiento de los hechos.

La periodista también mencionó los llamados vuelos de la muerte, una práctica denunciada en investigaciones sobre la represión estatal que consistía en arrojar al mar a personas detenidas. Según expuso, existen documentos relacionados con esas operaciones, incluidas referencias a tripulaciones y pagos.

El debate coloca nuevamente en el centro la obligación de esclarecer las desapariciones, abrir los archivos militares y atender a las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos. Para el Centro Prodh, el cumplimiento de la resolución judicial y el reconocimiento de la responsabilidad estatal son pasos necesarios para avanzar hacia la verdad, la justicia y la memoria histórica.