Gobierno de Chiapas atiende control de cártel en poblado de Chenaló: Sheinbaum niega retenciones y despligue de GN

La mañana de este martes 13 de octubre en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum negó que hubiera personas retenidas o un despliegue de 3 mil elementos de la Guardia Nacional en Chenalhó, Chiapas, mientras el gobierno estatal atendía denuncias de 15 familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom sobre el presunto control territorial de un grupo armado vinculado por los pobladores con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La mandataria afirmó que ya había hablado con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez. Señaló que la administración estatal revisó un video que circuló en redes sociales, en el que se advertía que habitantes de la comunidad estaban retenidos.

“Hay un video que circula donde señalan que están retenidos, ya se revisó eso por parte del gobernador y ya se atendió, pero no se ha retenido a nadie ni hay tres mil guardias nacionales ahí”, declaró Sheinbaum ante el cuestionamiento. Añadió que posteriormente se podrían informar los detalles proporcionados por el gobernador.

La presidenta recordó que, al inicio de su gobierno, la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional ingresaron a la comunidad ante un conflicto interno. Dijo que las autoridades atendieron problemas como el corte de energía eléctrica y que, después, Ramírez intervino para resolver el caso.

“Ya se habló con el gobernador. Cuando entramos al gobierno se hizo un trabajo muy importante de acercamiento social, vamos a decirlo así, porque había un conflico interno en la comunidad, fue la Secretaría de Gobernación y la Guardia Nacional, entraron a la comunidad y pudieron resolver problemas, incluso que no había luz, que habían cortado luz de la comunidad, después entró el gobernador Eduardo Ramírez y se resolvió el problema y ahora el gobernador está atendiendo el tema”, dijo la también jefa de Estado y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas .

Las familias denunciaron multas para poder salir de Tzanembolom

Quince familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom denunciaron que un grupo armado presuntamente ligado al CJNG les imponía “cooperaciones” para comprar municiones, restringía su movilidad y presionaba a niñas, niños y jóvenes para consumir drogas. La acusación fue difundida mediante un video y un comunicado dirigidos a los tres niveles de gobierno.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, expresó un hombre frente a mujeres, niñas y niños de la comunidad. Las familias pidieron una intervención urgente para proteger a menores, mujeres y adultos mayores.

De acuerdo con el comunicado, cada persona que intentaba salir de Fracción Tzanembolom debía pagar una multa de 1,500 pesos. Los habitantes afirmaron que ya no podían cubrir ese monto porque el control del grupo armado les impedía trabajar y comprar productos fuera de la localidad.

“Seguimos encapsulados, no tenemos libertad de salir a comprar”, señalaron. También denunciaron que fueron obligados a vender bienes que pertenecían a familias desplazadas de la comunidad vecina de Centro Tzanembolom.

Los pobladores acusaron amenazas, homicidios y reclutamiento de menores

Las familias sostuvieron que quienes se negaban a acatar las órdenes del grupo armado eran amenazados o asesinados. En el documento mencionaron el homicidio de Eleuterio Arias Pérez, ocurrido el 20 de octubre de 2025, y afirmaron que el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó conocían el caso sin que se hubiera iniciado una investigación.

Los denunciantes también refirieron el asesinato de un adolescente de 15 años, quien habría sido enterrado en la misma comunidad sin que el hecho se hiciera público. Las acusaciones incluyeron a autoridades rurales de la localidad, a quienes señalaron de llegar armadas para intimidar a los habitantes.

Sobre los menores, las familias afirmaron: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”. No precisaron el tipo de sustancia ni la forma en que se ejercería esa coerción, aunque atribuyeron la práctica a los mismos líderes que identificaron como integrantes del cártel.

Los pobladores aseguraron además que el grupo armado les exigía aportaciones para adquirir balas. Indicaron que cinco mandos que trabajarían para la organización criminal recibían pagos mensuales para mantener su estructura armada.

Chenalhó concentra pobreza extrema y antecedentes de desplazamiento

Las familias de Tzanembolom señalaron que, durante un programa reciente de canje de armas por electrodomésticos operado por elementos de la Defensa, el grupo armado no entregó ningún arma. Solicitaron ayuda al gobernador Eduardo Ramírez; al fiscal general Jorge Llaven Abarca; al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño; a la Fiscalía Indígena de San Cristóbal de las Casas, y a Sheinbaum.

También pidieron que el gobernador aplicara el lema de “cero corrupción” con el que llegó al cargo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advirtieron las familias en el mensaje difundido.

Chenalhó tenía 36,111 habitantes, según el censo de 2010. Más de 84% de su población era indígena y 72% vivía en pobreza extrema, de acuerdo con datos compilados por el gobierno federal.

El Consejo Nacional de Población clasificó al municipio con un grado de marginación muy alto. En abril de 2026, el gobierno de Chiapas destinó 2,694 millones de pesos para atender rezagos en 12 municipios, entre ellos Chenalhó.

El municipio ya había registrado un desplazamiento forzado en septiembre de 2022, cuando un grupo armado expulsó a 200 indígenas de Santa Martha por una disputa territorial de 22 hectáreas con el municipio vecino de Chalchihuitán. Aquel episodio incluyó incendios de viviendas y, de manera extraoficial, seis asesinatos.

Las familias desplazadas de Centro Tzanembolom habían denunciado en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom operaba el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de la organización Los Herrera y vinculado por ellas con el CJNG. Según esa versión, el grupo reclutaba a menores de 11 y 12 años con pagos quincenales de 6 mil pesos, además de vender cafetales y terrenos de personas expulsadas.

En Chiapas se disputaban el territorio al menos tres organizaciones criminales: el Cártel del Pacífico, también conocido como Cártel de Sinaloa; el CJNG, y el Cártel de Chiapas y Guatemala, fundado en 2022.