Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano una investigación expedita y profesional sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante la manifestación por acceso a agua limpia realizada el 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco. La organización señaló posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
La organización se solidarizó con las familias de las personas detenidas y recordó a las autoridades jaliscienses su obligación de garantizar el debido proceso: que los detenidos conozcan el motivo de su detención, cuenten con representación legal, puedan comunicarse con sus familiares, reciban un trato digno sin tortura ni amenazas, y sean puestos sin demora ante la autoridad competente.
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La exigencia central de investigación
La organización internacional mencionó que debe haber sanciones a los agentes del Estado responsables de posibles violaciones a derechos humanos, sin dejar de reconocer que la protesta es un derecho garantizado por instrumentos internacionales suscritos por México.
El llamado se dirige al Ejecutivo estatal y a las autoridades judiciales de Jalisco. Amnistía Internacional pidió también que se revisen los cargos impuestos a los manifestantes detenidos, bajo el argumento de que varios de esos cargos podrían responder a un patrón de criminalización de la protesta documentado en otros estados del país.
La organización instó además a las autoridades responsables del abastecimiento de agua a no criminalizar la protesta y a restablecer el diálogo con los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, quienes mantienen el reclamo por agua de calidad desde hace varias semanas.
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Conducta policial documentada durante la manifestación
De acuerdo con información recabada por Amnistía Internacional, durante la represión autoridades policiales utilizaron gas lacrimógeno y agua para disuadir a los manifestantes de acercarse a las inmediaciones de Casa Jalisco, resguardada por policías antimotines.
En el operativo habrían resultado heridas y afectadas personas de la tercera edad, menores de edad y periodistas. La organización documentó que en las detenciones intervinieron policías, antimotines y personas vestidas de civil, quienes sustraían a los manifestantes de manera violenta.
Según los testimonios recabados, a las personas detenidas las ingresaban al perímetro policial para golpearlas y después las trasladaban al interior de Casa Jalisco, donde habrían permanecido retenidas por un tiempo indeterminado. Se informó además que algunas de las personas detenidas no formaban parte de la protesta, un dato que refuerza la exigencia de Amnistía Internacional de que la investigación sobre el actuar policial sea exhaustiva.
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Detenciones y cifras contradictorias
El reclamo de Amnistía Internacional al gobierno mexicano también apunta a esclarecer el número real de personas detenidas, un dato que hasta ahora resulta incierto. Organizaciones de la sociedad civil, personas testigas y periodistas dieron cuenta de al menos 50 personas detenidas, quienes habrían sido trasladadas a diversas oficinas de la Fiscalía del Estado. Algunas habrían sido liberadas de manera paulatina.
Esa cifra contrasta con el reporte oficial. En una información conjunta, el Coordinador General Estratégico de Seguridad, el Secretario de Seguridad Pública y el Fiscal del Estado señalaron que solo 39 personas fueron detenidas, de las cuales hasta este momento solo 18 han sido liberadas.
Personas visitadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acudieron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado y acreditaron la detención de 39 personas, aunque no obtuvieron datos adicionales sobre su situación. Ante el hermetismo de las autoridades, la discrepancia entre ambas cifras se mantiene sin resolver, lo que alimenta el pedido de Amnistía Internacional de que la investigación sobre la actuación policial incluya también transparencia sobre el paradero de los detenidos.
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Obstáculos para esclarecer lo ocurrido
Familiares de las personas detenidas interpusieron un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en materia Penal, registrado con el número de expediente 1401/2026, en un intento por obtener información oficial sobre el paradero de sus seres queridos.
En seguimiento del recurso, actuarios de ese juzgado acudieron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado, pero no se les proporcionó información sobre la detención, el estado de las personas ni su ubicación exacta. Esto debido a que fueron enviadas a distintas áreas de diversas direcciones de investigación, como las de Secuestros, Homicidios y Delitos Patrimoniales, ubicadas en otros edificios y calles de las inmediaciones de la Calle 14, donde se encuentra la sede central de la Fiscalía.
Ante este escenario, Amnistía Internacional reiteró su exigencia de localización urgente y presentación con vida de todas las personas que tras ser detenidas no ha sido posible ubicar.
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Postura institucional de Amnistía Internacional
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional sección mexicana, afirmó que “la represión nunca debe ser una opción ante las personas que pacíficamente se reúnen a exigir sus derechos”.
Olivares agregó que los actos represivos de las fuerzas del Estado “han violentado el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de las personas que legítimamente reclaman el derecho de acceso a agua limpia”.
La directora precisó que la organización exige a las autoridades estatales investigar con celeridad los actos de represión y sancionar a los agentes responsables, “mediante una investigación profesional y apegada a la ley, sin dejar de considerar que la protesta es un derecho garantizado por instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano”.
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Olivares recordó también que “las demandas por acceso a agua limpia se intensificaron este mes, pero datan de hace varios meses”.
Contexto de criminalización de la protesta
El reclamo de Amnistía Internacional al gobierno mexicano se enmarca en un patrón documentado por la propia organización en su informe México, tierra y ¿Libertad?. Según ese documento, muchos cargos impuestos a manifestantes están diseñados para castigar, intimidar y frenar la protesta pacífica en el país.
La organización señaló que este patrón se ha registrado previamente en los estados de Chiapas, Yucatán y Puebla, y advirtió que los cargos impuestos a los detenidos en Jalisco deben ser revisados bajo ese mismo criterio.
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