Buen Gobierno sanciona a 55 servidores públicos y una empresa con multas que suman 102 millones de pesos

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso sanciones a 55 personas servidoras públicas y una empresa, con destituciones, inhabilitaciones de hasta 10 años y multas que en conjunto suman 102 millones de pesos, tras investigaciones en dependencias federales y empresas del Estado, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno este 4 de octubre.

Las faltas graves fueron investigadas por Unidades de Responsabilidades y Órganos Internos de Control, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió las sanciones correspondientes. Las conductas incluyen presuntos beneficios económicos indebidos, irregularidades en contrataciones, acoso sexual, uso no autorizado de recursos públicos y omisiones administrativas.

En Pemex, Massiel H., adscrita al Hospital Central del Sur en CDMX, recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 677 mil pesos por cobrar en 2025 una prestación para gasolina con documentos que no correspondían al vehículo registrado.

Martha E., del área de Ductos en el Estado de México, fue inhabilitada por una década y sancionada con 616 mil pesos por mantener activo entre 2019 y 2024 el registro de un vehículo y cobrar la prestación de combustible.

Braulio M., de la Gerencia de Ingeniería y Costos de la Subdirección de Proyectos Industriales, obtuvo la misma inhabilitación de 10 años y una multa de 600 mil pesos por simular en 2023 la contratación de tres personas y recibir depósitos por ese monto.

Juan R., del Complejo Petroquímico Morelos en Veracruz, fue inhabilitado durante un año por omitir en sus declaraciones patrimoniales de 2023 y 2024 una deuda solidaria de 1.8 millones de pesos, un inmueble y dinero en efectivo usado para liquidar ese adeudo.

Sonia B., del Hospital Regional Minatitlán, recibió una suspensión de 30 días por evaluar y autorizar la contratación de su hijo sin excusarse del proceso.

Pemex, IMSS y Alimentación para el Bienestar concentran las multas más altas

En la CFE, José P., de Gestión Comercial en Sonora, fue inhabilitado por 10 años y multado con 72 mil pesos por pedir 500 pesos a ocho usuarios de Álamos en 18 ocasiones durante 2021, a cambio de no informar el uso indebido de energía eléctrica.

Oscar M., de la Central Hidroeléctrica Belisario Domínguez en Chiapas, fue inhabilitado cuatro años por hostigar sexualmente a una persona subordinada durante seis meses, entre 2020 y 2021. Ignacio C. y Fausto B., de la Gerencia de Administración de Servicios en CDMX, fueron suspendidos 60 días por detener arbitrariamente en 2018 el pago de pensiones a cinco jubilados que demandaron el cálculo de sus montos.

La Secretaría de Cultura suspendió 90 días a Graciela Z., del Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por intervenir entre 2018 y 2024 en pagos de honorarios para su sobrina.

En el IMSS, Francisco A., del Hospital General de Zona 3 en Querétaro, fue inhabilitado un año por acosar sexualmente en 2021 a una médica residente de anestesiología mediante mensajes y tocamientos.

Eduardo A. fue destituido, mientras que Francisco G. recibió una inhabilitación de cuatro meses, ambos por emitir en 2019 actas para asignar ocho contratos sin documentación debidamente firmada.

Carlos V., Manuel L. y René G., de las oficinas centrales de la entonces Diconsa, fueron inhabilitados 10 años y deberán cubrir solidariamente una multa de 73.4 millones de pesos por pagar en 2020 carne cuya entrega no fue comprobada.

Los tres también fueron inhabilitados por una década por una compra de atún realizada en 2019 desde las oficinas de Segalmex sin acreditar que el producto hubiera sido entregado.

Por ese segundo caso, la empresa G. recibió una inhabilitación de un año y los tres exservidores públicos deberán pagar con ella, de manera solidaria, 16.6 millones de pesos. El monto corresponde al valor de la adquisición observada.

Sanciones también alcanzan a personal de Aduanas, SAT y Guardia Nacional

José M., de Financiera para el Bienestar en Nuevo León, fue inhabilitado 10 años y sancionado con 72 mil pesos por tomar en 2023 recursos que tenía asignados únicamente para su administración. Carlos F., de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue inhabilitado cinco años por hostigar y acosar sexualmente a cinco servidoras públicas durante un curso sobre manejo de caninos para detectar narcóticos, armas y dinero.

Saraí M., de la Administración Desconcentrada de Recaudación Puebla “1” del SAT, fue inhabilitada un año por emitir en 2024 una línea de captura para reducir una multa de 102 mil a 20 mil pesos cuando el plazo ya había vencido. El beneficio no surtió efecto porque no se realizó el pago.

Javier R., de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, fue suspendido 60 días por trasladarse en 2023 en una patrulla, uniformado y armado, a un sitio distinto a su base después de concluir su guardia. Ahí presenció agresiones contra tres personas, no actuó para impedirlas y tampoco informó los hechos a su superior ni los denunció.

Benito N. y José M., de la Dirección General de Servicios Especiales, recibieron suspensiones de 60 días por trasladarse sin autorización en 2024 a carreras de caballos en un vehículo oficial, uniformados y con armas de cargo.

Rosario H., del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE, fue suspendida 30 días después de que localizaron medicamentos propiedad del instituto dentro de su automóvil durante una revisión de seguridad.