Exsecretaria de Salud de Tamaulipas acusa a Cabeza de Vaca de dirigir contratos con empresas ligadas al “Rey del huachicol”

Gloria de Jesús Molina Gamboa, quien fue secretaria de Salud de Tamaulipas entre 2017 y 2022, rompió el silencio y acusó directamente al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca de haber ordenado la adjudicación de contratos a empresas presuntamente vinculadas con Sergio Carmona Angulo, conocido como el “Rey del Huachicol”.

La revelación se dio a conocer a través de un video difundido en redes sociales, en el que la exfuncionaria explicó que decidió hablar públicamente debido a que enfrenta denuncias penales relacionadas con contratos celebrados durante la administración estatal en la que ella participó. Las acusaciones en su contra derivan de un presunto quebranto financiero de 343.9 millones de pesos en la Secretaría de Salud del estado.

Una división de funciones, según su testimonio

De acuerdo con el relato de Molina Gamboa, al inicio de su gestión el propio Cabeza de Vaca habría establecido una separación clara de responsabilidades dentro de la dependencia:

• Ella se encargaría de los asuntos técnicos y operativos.
• El exgobernador controlaría la proveeduría y los contratos con relevancia económica o política, a través de la Subsecretaría de Administración y Finanzas.

“Al asumir el cargo, el exgobernador estableció con claridad una separación de funciones”, relató la exfuncionaria en el video.

Molina Gamboa afirmó que recibió indicaciones directas —siempre por conducto de dicha subsecretaría— para adjudicar contratos de obra y servicios a empresas del Grupo Industrial Permart y Joser (identificada en algunos reportes también como Hosur), firmas que habrían mantenido vínculos con Carmona Angulo. De acuerdo con una investigación de Proceso publicada en mayo de 2022, los hermanos Carmona Angulo obtuvieron a través de estas compañías al menos 43 contratos por 376 millones de pesos con el gobierno de Tamaulipas entre 2018 y 2021.

El papel de la Subsecretaría de Administración y Finanzas

Según su declaración, el cumplimiento de estas instrucciones era supervisado por Alejandro Aguilar Poener, entonces subsecretario de Administración y Finanzas. Molina Gamboa recordó que el tema fue expuesto el 25 de agosto de 2025 durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Salud del gobierno actual.

Estos contratos, dijo, forman parte de las denuncias penales presentadas en su contra y en contra de otros exservidores públicos estatales. De acuerdo con reportes recientes, Molina Gamboa es al menos la cuarta exfuncionaria de la administración de Cabeza de Vaca con procesos judiciales activos por presunto desvío de recursos, junto con el extitular de Educación, Mario Gómez Monroy —sentenciado en agosto de 2025 a 19 años de prisión— y el extitular de SEBIEN, Rómulo Garza Martínez, vinculado a proceso en julio de 2025.

“No busco evadir responsabilidades”, afirma

La exfuncionaria sostuvo que no pretende deslindarse de lo que legalmente le corresponda, pero pidió que la investigación no se concentre únicamente en cargos subalternos.

“No es justo que toda la responsabilidad se concentre en cargos subalternos, dejando fuera a quien daba las indicaciones y ejercía la máxima autoridad en la administración estatal”, señaló.

Molina Gamboa destacó que cuenta con más de 35 años de servicio público sin antecedentes disciplinarios y solicitó a las autoridades investigar toda la cadena de mando involucrada en estas decisiones.

Solicita protección ante posibles represalias

Como parte de su mensaje, la exsecretaria pidió a las autoridades competentes que, en caso de que ocurra algún acto de intimidación o amenaza en su contra o contra su familia tras esta declaración, se investigue tomando en cuenta el contexto de lo declarado.

Contexto: Cabeza de Vaca y sus procesos judiciales

Cabeza de Vaca ha enfrentado, desde el fin de su gestión en 2022, múltiples investigaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo una orden de aprehensión emitida en 2021. El exmandatario ha sostenido en distintas ocasiones que es víctima de persecución política, y su defensa —encabezada por los despachos de Javier Coello Trejo y Roberto Gil Zuarth— ha rechazado en el pasado señalamientos similares, argumentando que las acusaciones en su contra derivan de una operación inmobiliaria de 2019.

Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta pública por parte de Francisco García Cabeza de Vaca ni de Alejandro Aguilar Poener respecto a estas acusaciones específicas sobre los contratos de Salud.