El Poder Ejecutivo de Oaxaca entregó el 3 de septiembre una iniciativa de reforma integral para redactar una nueva Constitución estatal con enfoque de interculturalidad, una propuesta que, de avanzar en el Congreso local, abriría la posibilidad de que los pueblos indígenas oaxaqueños tengan por primera vez un texto constitucional construido desde su propia perspectiva y no desde la tradición occidental, según informó el Gobierno del estado.
La propuesta concentra el nuevo diseño en 81 artículos y siete títulos, frente a una Constitución vigente que actualmente suma 148 artículos y 828 reformas de ley. El gobierno de Oaxaca planteó esa reducción como una reorganización del texto para ordenar su contenido y actualizarlo.
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En la entrega formal participaron el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Geovany Vásquez Sagrero, y el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, en representación del gobernador Salomón Jara Cruz. El documento fue recibido por la presidenta de la Jucopo de la LXVI Legislatura local, Tania Caballero, la presidenta de la Mesa Directiva, Eva Diego Cruz, y la diputada de la Comisión de Estudios Constitucionales, Dennis García Gutiérrez.
La iniciativa concentra 81 artículos y refuerza derechos de pueblos indígenas y afromexicanos
De acuerdo con la información oficial, la columna vertebral del proyecto es la interculturalidad. El planteamiento parte del reconocimiento de Oaxaca como una entidad multiétnica, multilingüe y pluricultural.
El texto busca fortalecer la libre determinación, la autonomía, los sistemas normativos, la jurisdicción, las lenguas, el patrimonio cultural y biocultural, así como el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Todo ello, señaló el gobierno estatal, dentro de la unidad del Estado, del orden constitucional y del respeto irrestricto a los derechos humanos.
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La iniciativa también amplía y actualiza el catálogo de derechos. Además, incorpora mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales para hacerlos efectivos.
En el mismo paquete, la propuesta refuerza la buena administración pública, la justicia constitucional, los gobiernos municipales, la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas. También fija principios de honestidad, austeridad, profesionalización, mérito, eficacia, eficiencia, paridad e interculturalidad para orientar la función pública.
Vásquez Sagrero sostuvo que el proyecto dará paso a un debate intercultural porque incorpora la visión de los pueblos originarios, incluida la comunidad afrodescendiente. El funcionario explicó: “Este es el resultado de 25 foros de consulta regionales, con más de 10 mil propuestas donde participaron 8 mil 870 personas, barras de abogados, universidades y 120 iniciativas que ya existían de legislaturas pasadas”.
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Congreso local deberá revisar una propuesta que aún pasará por consulta previa
El punto central de la ruta legislativa es que la iniciativa todavía no entra a una fase de aprobación inmediata. El propio gobierno de Oaxaca indicó que el documento será analizado, cuestionado y perfeccionado antes de cualquier dictaminación.
Vásquez Sagrero agregó que la reforma debe someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada, además de un debate con todos los sectores. Ese análisis, dijo, deberá realizarse bajo principios de legalidad y transparencia para que el dictamen final sea presentado por las y los legisladores.
Por su parte, Jesús Romero López afirmó que Oaxaca necesita una Constitución “profundamente social y humanista”. En la postura del gobierno estatal, el desarrollo solo tiene sentido cuando se traduce en bienestar, igualdad y oportunidades.
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La administración estatal presentó la iniciativa como un punto de partida para una discusión amplia, plural e intercultural. Antes de llegar a una eventual nueva redacción constitucional, el proyecto todavía deberá atravesar los procesos de consulta y revisión correspondientes en el Congreso local.
Suprema Corte permite que una comunidad mazahua intervenga como en controversias constitucionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el pasado 25 de agosto dos asuntos que amplían el acceso de pueblos indígenas y afromexicanos a la justicia: permitió que la comunidad mazahua de Crescencio Morales participe como tercera interesada en controversias constitucionales y anuló partes de una ley de Nuevo León que acotaban la consulta previa cuando una medida también afectara derechos individuales.
El segundo fallo fijó un criterio de alcance general. El Pleno invalidó la porción “colectivos” del artículo 39, primer párrafo, de la Ley de los Derechos de las Personas Indígenas y Afromexicanas en el Estado de Nuevo León, y también la expresión “positiva o negativamente”, al considerar que ambas reducían sin justificación el derecho a la consulta previa.
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Según la SCJN, la obligación de consultar surge frente a medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. El tribunal sostuvo que una misma decisión estatal puede incidir al mismo tiempo en derechos individuales de sus integrantes y en derechos colectivos de la comunidad a la que pertenecen.
En el primer asunto, citado por la propia SCJN, el Pleno avaló que la comunidad indígena mazahua de Crescencio Morales, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, intervenga con el carácter de tercera interesada en dos controversias constitucionales promovidas por ese ayuntamiento. Se trata de los recursos de reclamación 119 y 120-CA, ambos de 2025, resueltos en sesión.
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