En atención a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el SAT informó que de octubre de 2024 a agosto de 2026 canceló la posibilidad de emitir facturas a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal, de acuerdo con un comunicado difundido este 2 de septiembre.
Según el SAT, la medida forma parte de sus acciones para combatir la evasión y elusión fiscal, además del contrabando.
PUBLICIDAD
Sheinbaum pide a la FGR detallar cómo operaba la red de huachicol fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la FGR explique cómo se descubrió y cómo operaba la red de huachicol fiscal ligada al contrabando de combustible, un caso en el que se implica a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Semar.
Durante su conferencia de este 2 de septiembre, la mandataria sostuvo que “no hay nada que esconder” y planteó que la Fiscalía informe “hasta donde puedan en su proceso judicial” los detalles del expediente.
El señalamiento cobra relevancia luego de que, según la presidenta, en una audiencia de Farías Laguna surgieron los nombres de Andrés López Beltrán y del senador Adán Augusto López como parte de testimonios de un testigo.
PUBLICIDAD
“Que la Fiscalía explique todo con todo detalle y, obviamente, hay temas que son parte del proceso, pero que se explique claramente cómo estas personas desarrollaron una red muy amplia de contrabando de combustible”, declaró.
Primeras denuncias del caso parten del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda
Sheinbaum afirmó que la investigación, que las autoridades destaparon en marzo de 2025, está a cargo de la FGR y que se puede dar información para aclarar el avance del caso. “Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada”, dijo.
La presidenta detalló que las primeras denuncias partieron del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien presentó información ante la Fiscalía. Agregó que las detenciones iniciales se realizaron bajo la dirección del fiscal Alejandro Gertz Manero y que después continuaron con la actual titular, Ernestina Godoy, quien da seguimiento a las carpetas de investigación.
PUBLICIDAD
Sheinbaum también señaló que solicitó a la FGR exponer públicamente cómo se integró la red, quiénes participaron y qué mecanismos permitieron frenar el contrabando de combustible, un tema que, aseguró, impacta la venta de gasolina legal. Sobre las menciones a figuras políticas, insistió en que la explicación debe provenir de la autoridad ministerial: “No es nada más que alguien diga o que un periódico diga o que una revista diga”.
Huachicol fiscal introdujo 935 millones de barriles sin impuestos desde 2019, según un análisis
El huachicol fiscal de combustibles sumó desde 2019 hasta mediados de 2026 cerca de 935 millones de barriles de gasolina y diésel introducidos a México sin pagar impuestos, con un quebranto superior a 730 mil millones de pesos; el esquema, según explicó Francisco José Barnés de Castro en entrevista con Aristegui Noticias, evolucionó del contrabando fronterizo a redes marítimas y ferroviarias con participación criminal y corrupción oficial.
Información del analista ubicó la detonación del fenómeno en 2019, cuando el cierre y resguardo de ductos de Pemex obligó a los cárteles a mover su negocio del robo de infraestructura al contrabando masivo por puertos y aduanas. El efecto, de acuerdo con ese análisis, no solo pegó a la Hacienda pública: también desplazó a la petrolera del mercado por el volumen de combustible ilegal que circula con apariencia legal.
PUBLICIDAD
El mecanismo central se repite en los casos documentados: las organizaciones importan gasolina o diésel, pero los declaran ante aduanas como aceites, lubricantes u otros derivados con carga tributaria menor o nula. Así evaden el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El cambio de 2019 movió el negocio de los ductos a puertos y aduanas
Los antecedentes del contrabando de combustibles en México se remontan a las décadas de los 70 y 80, cuando la diferencia de precios entre Estados Unidos y México impulsó el ingreso hormiga de gasolina y diésel por la frontera norte. Con la entrada en vigor del TLCAN, diarios nacionales comenzaron a registrar la llegada de “gasolina pirata” mediante facturas falsas y triangulaciones en aduanas.
En ese periodo, bandas criminales y empresarios aduanales corrompidos registraban camiones cisterna como si transportaran otros productos químicos con menor carga impositiva. En 2001, La Opinión publicó uno de los primeros reportajes formales sobre el tema, “Los chupaductos”, centrado en bandas dedicadas al robo y comercialización ilegal de gasolina en el norte del país.
PUBLICIDAD
La periodista Ana Lilia Pérez fue una de las primeras voces en documentar que el problema no era solo fronterizo. Sus reportajes expusieron redes de complicidad dentro de Pemex y del propio gobierno federal.
Del 2011 al 2018, el crimen organizado concentró ganancias en la perforación de ductos de Pemex en el centro del país. Barnés de Castro sostuvo que esa etapa financió las operaciones de mayor escala que vendrían después.
En 2019, el resguardo de ductos con fuerzas armadas obligó a los grupos delictivos a rediseñar su modelo. Entonces dirigieron su infraestructura al contrabando masivo por puertos y aduanas, en colusión con funcionarios del Ejército y la Marina.
PUBLICIDAD
La plataforma Código Magenta comenzó a documentar a mediados del sexenio anterior el desembarco de combustible ilegal en muelles del país. El medio difundió imágenes de filas de pipas formadas para descargar buques, sin que el gobierno de ese momento reconociera el problema.
Buque Challenge Procyon expuso una red con marinos, armas y pedimentos falsos
El 6 de marzo de 2025, medios locales como Milenio Diario informaron sobre filas inusuales de camiones cisterna afuera del puerto de Tampico/Altamira. El 19 de ese mes, tras una denuncia anónima, la FGR y Semar aseguraron el buque Challenge Procyon en la aduana de Altamira, Tamaulipas.
Las autoridades decomisaron entre 8 y 10 millones de litros de diésel y armas de alto calibre a bordo. La empresa importadora Intanza, identificada por la FGR como fachada del CJNG, falsificaba pedimentos y declaraba el diésel como “aditivos para aceites lubricantes” o “residuos petroquímicos”.
PUBLICIDAD
Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Aristegui Noticias, publicada el 9 de enero de 2026, reveló que el buque transportaba en realidad 20.9 millones de litros, el doble de lo anunciado oficialmente. A partir de esa diferencia surgió en redes la discusión sobre los 10 millones de litros faltantes en el registro gubernamental.
En septiembre de 2025 fueron detenidas 14 personas ligadas al buque, entre ellas nueve integrantes activos de la Marina. N+ Focus reveló entre el 24 y 25 de ese mes que el Challenge Procyon descargaba armamento militar por las noches con destino al CJNG.
El 20 y 21 de agosto de 2026, el gobierno mexicano concretó desde Argentina la extradición del excontralmirante Fernando Farías Laguna, a quien la FGR identificó como líder de la estructura criminal. La fiscal general Ernestina Godoy indicó que la red operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, con participación de al menos 12 exservidores públicos.
El esquema también apareció en Ensenada, Houston y Coahuila
Otro caso citado por Barnés de Castro ocurrió el 8 de marzo de 2025, cuando el buque tanque Torm Agnes llegó al puerto de Ensenada con millones de litros de diésel declarados falsamente como “aditivos químicos”. La embarcación fue fletada por la empresa estadounidense Ikon Midstream para trasladar producto comprado en Canadá e introducirlo de forma clandestina al país.
La evasión estimada en ese solo viaje fue de 7 millones de dólares. Después, el 14 de abril de 2026, agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos allanaron las oficinas centrales de Ikon Midstream en Houston, Texas, y decomisaron computadoras y archivos de transacciones con empresas fachada de los cárteles.
El tercer caso documentado por el analista es el hallazgo del 7 de julio de 2025 de 33 ferrotanques aparentemente abandonados en las vías de Ramos Arizpe, Coahuila. Dentro ocultaban 3.96 millones de litros de diésel sin documentación legal.
Ana Lilia Pérez resumió el fenómeno en una mesa de análisis para IMER Noticias: “El contrabando de combustible, que genéricamente se denomina huachicol fiscal porque le están huachicoleando al fisco lo que tendrían que pagar y no pagan, no solo representa un fraude a la Hacienda Pública, sino que es un tema de delincuencia organizada”.
La periodista añadió que la reforma energética de 2013 abrió la puerta al crecimiento del contrabando al otorgar mil 377 permisos de importación de combustibles, de los cuales solo 14 correspondieron a Pemex. “Muchas de esas empresas no tenían infraestructura real, eran empresas de papel o factureras”, afirmó.
Sobre la vinculación a proceso del ex mandatario de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, Pérez dijo en entrevista con Astillero Informa: “El señor fue gobernador de Baja California, pero es un contrabandista de combustible”. En ese mismo espacio rechazó que la detención tuviera un trasfondo político y sostuvo que el componente partidista suele usarse “como una artimaña para evadir la ley”.
La periodista también subrayó el carácter transnacional del negocio en la mesa de IMER Noticias. “Sería muy interesante ver cómo este caso se vierte en un efectivo factor de colaboración entre autoridades de los dos países con una cosa que es transnacional”, señaló, y advirtió que las investigaciones deben avanzar “no importa si alguien es militante de tal o cual partido”.
PUBLICIDAD