Más de 8 mil personas participaron en la consulta sobre Lineamientos para Derechos de las Audiencias: 82% votó en contra

La consulta pública realizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tuvo la participación de 8,532 personas, de acuerdo con datos proporcionados por la plataforma de la dependencia.

Sin embargo, un análisis realizado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que el 82% de los participantes votó o expresó una postura en contra del proyecto.

La consulta estuvo abierta durante 26 días, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, y recabó un total de 8,889 comentarios y 271 documentos anexos para su análisis.

Según MCCI, a través de su proyecto Tlacuilo, resguardó y analizó la totalidad de los comentarios y documentos, sumando más de 1.7 millones de palabras.

Los resultados muestran un rechazo mayoritario: el 82.2% de los comentarios (7,307) fueron en contra de los lineamientos propuestos, mientras solo el 9.7% (863) se expresó a favor.

Un 6.1% (544) de las personas participantes apoyó con reservas o señaló tanto aciertos como aspectos negativos, y un 2% (175) no tuvo una postura definida.

El principal argumento de oposición fue la preocupación por la censura. El 66% de los comentarios advirtió que el instrumento propuesto permitiría a las autoridades rectificar o modificar contenidos ya publicados a través de una vía administrativa, lo que fue señalado como censura aun cuando esa palabra no apareciera en el texto oficial.

Otro argumento relevante fue el rechazo a que una autoridad decida qué es falso o verdadero, señalado en el 24.6% de las participaciones. Un número importante (34.2%) defendió la idea de que la audiencia es capaz de decidir por sí misma qué ver y escuchar, sin intervención de autoridades.

También hubo objeciones sobre la dependencia de la CRT respecto al Ejecutivo (“juez y parte”), planteado en el 14.8% de los comentarios, así como la preocupación de que las obligaciones recaigan en las concesionarias y no en la comunicación oficial del gobierno (11.5%).

Quienes apoyaron los lineamientos se basaron principalmente en que actualmente no existe una vía concreta para reclamar información veraz y plural (8.1%) y en que los medios concentran demasiado poder sin rendición de cuentas (6.7%).

La consulta no registró la eliminación ni edición de comentarios, según verificaciones diarias con huellas criptográficas realizadas por MCCI.

Además, todos los comentarios permanecen disponibles para consulta abierta en el portal público de la organización.

Entre los documentos anexos, la mayoría provenía de universidades, organizaciones civiles y gremios. En estos, el apoyo irrestricto fue minoritario; la mayor parte de las opiniones solicitó modificaciones puntuales a la propuesta de la CRT, en lugar de expresar rechazo o respaldo total.

El análisis destaca que esta consulta fue una de las más grandes en materia de participación ciudadana sobre derechos de las audiencias en México, tanto por número de comentarios como por el nivel de involucramiento de actores del sector académico, sociedad civil, medios, industria y sector público.

Este trabajo fue realizado por la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, utilizando herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo, y está disponible de manera íntegra para quien desee consultarlo.

Gobierno presenta Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias

El 28 de julio de 2026, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, presentó los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, iniciando así una consulta pública de 20 días.

Los lineamientos se dirigieron a concesionarias de radio, televisión abierta, televisión y audio de paga, así como programadoras comerciales, públicas y sociales.

La funcionaria explicó que el proceso buscó participación activa de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles, con la intención de enriquecer los lineamientos.

Estas reglas fijaron obligaciones claras: los medios debían contar con un Código de Ética, designar defensores de audiencias y distinguir, mediante mensajes en pantalla o cortinillas, entre noticias, opiniones y publicidad.

Además, se establecieron derechos para las audiencias como recibir información veraz y oportuna, no difundir información falsa o descontextualizada, y garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

Los medios tuvieron que permitir el derecho de réplica y definir procedimientos para la presentación de quejas ante el defensor de audiencias.

Luisa María Alcalde subrayó que estos lineamientos pretendieron evitar la discrecionalidad en la interpretación de la normativa y garantizaron transparencia, imparcialidad y objetividad en la protección de los derechos de las audiencias.

Organizaciones advierten contradicciones legales

Organizaciones civiles como Artículo 19, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Perteneces A.C. alertaron que los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias otorgan a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) facultades que contradicen la ley.

El análisis técnico presentado durante la consulta pública subrayó que la CRT, según la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solo debe vigilar el cumplimiento normativo y no calificar la veracidad ni el contexto de la información difundida.

El documento advierte que los lineamientos permiten a la autoridad determinar si una información es falsa o descontextualizada, así como modificar decisiones de los defensores de audiencias, funciones que la ley no contempla.

Además, se señala que el nuevo régimen sancionatorio va más allá de lo permitido, pues convierte en sancionable cualquier incumplimiento, cuando la legislación solo permite sancionar tres casos específicos: falta de mecanismos de defensa, ausencia de defensor y omisión de código de ética.

Las organizaciones demandan que la regulación se ajuste a la ley y que la CRT limite su función a la vigilancia administrativa.

Insisten en que los derechos de las audiencias deben proteger la libertad de información y el pluralismo, sin convertirse en mecanismo de censura previa ni de control estatal sobre los contenidos.