En marzo de 2025, las autoridades mexicanas asestaron el primer golpe a una red de contrabando de combustible que operaba en cinco estados del país: aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina, como el presunto líder de esa estructura criminal dedicada al huachicol fiscal.
La red operó en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México, con la participación de al menos 12 exservidores públicos que facilitaron el contrabando de combustible mediante documentación falsa y revisiones aduanales simuladas. La afectación económica documentada superó los 340 millones de pesos solo en los primeros operativos.
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Este viernes, Farías Laguna quedó recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, donde enfrentará las acusaciones formales a disposición de la autoridad judicial que lo requirió. En ese mismo penal ya se encontraba su hermano, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, también vinculado a la organización.
La defensa del excontralmirante anunció que solicitará que la audiencia inicial sea pública, en respuesta a una petición de la FGR para que se celebre de forma privada. El argumento del despacho Mendieta y Asociados descansa en el artículo 20 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la publicidad como regla y la restricción como excepción que debe ser fundada y motivada.
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A continuación, los detalles de la red de huachicol fiscal por la que se le acusa.
El primer golpe: el buque en Altamira y la operación en Ensenada
El aseguramiento del Challenge Procyon marcó el inicio de las investigaciones formales contra la organización. Días después del decomiso en Tamaulipas, el Gabinete de Seguridad detectó una segunda operación de características similares en Ensenada, Baja California, donde un buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.
Ambos casos compartían el mismo mecanismo: los buques tanque declaraban los hidrocarburos como aceites o aditivos ante las autoridades aduanales. Esa maniobra permitía a la organización evadir el pago de impuestos, pues esas sustancias tributan a tasas menores que los combustibles.
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Los puertos de Tampico y Ensenada funcionaron como los dos puntos de entrada del esquema. Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban los registros de volumen y las muestras del producto.
Cómo operaba la red: empresas legales al servicio del contrabando
Una vez descargado el combustible en los puertos, empresas legalmente constituidas se encargaban de transportarlo y distribuirlo hacia estaciones de servicio en distintos estados. Esas mismas empresas operaban, al mismo tiempo, como vehículos para lavar el dinero obtenido de forma ilícita.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) documentó el esquema desde 2024 con base en pedimentos manipulados, revisiones aduanales falsas y registros de volumen adulterados. Con esa evidencia, el Ministerio Público Federal obtuvo múltiples órdenes de aprehensión.
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La fiscal general Ernestina Godoy describió el mecanismo con precisión: “Con la participación de servidores públicos deshonestos se realizaba el transporte y la dispersión de los derivados del petróleo a través de empresas legalmente constituidas que se encargaban de su distribución en estaciones de servicio como destino final o bien de lavar el dinero obtenido ilícitamente”.
La red omitió el pago de 209 millones 718 mil 854 pesos en impuestos durante sus operaciones, según datos de la FGR. Las autoridades aseguraron además 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles vinculados a la estructura.
El seguimiento de las investigaciones aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución. Hasta la fecha, 16 personas han sido presentadas ante las autoridades: 12 exservidores públicos y 4 individuos vinculados a las empresas exportadoras y transportadoras del hidrocarburo. Otras 14 personas fueron identificadas y sus respectivas órdenes de aprehensión, emitidas.
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Los hermanos Farías Laguna y su vínculo con la cúpula naval
Documentos de inteligencia y carpetas de investigación identifican a Fernando y a su hermano Manuel Roberto Farías Laguna bajo el apodo de “Los Primos” en el ámbito naval. Testimonios integrados en el caso señalan que ambos “tejieron una red compleja de servidores públicos que operan como colaboradores de actos de corrupción”.
La red habría afianzado el dominio sobre sectores de las aduanas e instalaciones portuarias que pasaron a ser administradas por la Marina Armada de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Los hermanos son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, quien encabezó la Secretaría de Marina en ese periodo.
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Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Las penas que contempla la ley para esos delitos van de 20 a 40 años de prisión.
Manuel Roberto Farías Laguna ya se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en Almoloya, Estado de México, a disposición del juez de control que lo requiere por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.
La deportación desde Argentina y el arribo a México
Fernando Farías Laguna llegó a México pasadas las 3:00 de la mañana del viernes 21 de agosto, tras ser deportado de Argentina en un avión militar de la Armada. La aeronave, un Gulfstream G450 con matrícula AMT-205, partió del aeropuerto internacional de Ezeiza e hizo una escala en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, Colombia, para recargar combustible.
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El excontralmirante había ingresado a territorio argentino bajo la identidad falsa de Luis Lemus Ramos, con un pasaporte guatemalteco apócrifo. Las autoridades argentinas lo detuvieron en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.
El traslado se concretó como deportación y no como extradición formal. El juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, firmó el resolutorio que archivó el proceso al recibir el desistimiento del Estado mexicano, con base en los artículos 309 y 195 del Código Procesal Penal argentino.
Previo al traslado, agentes del FBI y de la DEA se reunieron con Farías Laguna en el penal de Ezeiza para impulsar que aceptara la entrega y se desistiera de los recursos legales pendientes, según reveló el abogado Félix Helou en Argentina. El juicio de extradición tenía una audiencia programada para el 27 de agosto en Buenos Aires; el mecanismo de deportación adelantó su salida del país.
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El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, señaló que no recibió notificación alguna del traslado. El Registro Nacional de Detenciones de la SSPC registró la detención del excontralmirante hasta las 3:55 de la mañana, con estatus “en traslado”.
La defensa pide audiencia pública tras el ingreso al Altiplano
La defensa del excontralmirante confirmó que ya tuvo comunicación con su cliente desde el momento en que aterrizó en México. El despacho se encuentra a la espera de la notificación formal de la audiencia inicial.
La defensa solicitará que dicha audiencia sea pública, con base en el principio de publicidad que rige el sistema penal acusatorio. El artículo 20 constitucional establece ese principio, y el Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que la regla es la publicidad, mientras que cualquier restricción debe ser excepcional, fundada y motivada.
El argumento central de la defensa apunta a la actuación previa de la propia FGR: la institución difundió durante meses información sobre la investigación, la detención, los traslados y diversas actuaciones vinculadas con Farías Laguna. Por ello, la defensa considera que la audiencia no debería convertirse en un acto reservado sin una justificación jurídica clara.
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