La reciente actuación de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, I.A.P. ha colocado en el centro del debate público el caso conocido como “Refugio Franciscano” y la gestión de las autoridades de la Ciudad de México sobre la protección animal.
En días recientes, la organización formalizó denuncias contra funcionarios de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) por una serie de presuntas irregularidades, desde abuso de funciones hasta omisión en el deber de vigilancia y resguardo de animales rescatados. El caso ha puesto en evidencia la necesidad de mayor transparencia y control sobre el destino de cientos de perros y gatos.
Las acusaciones se dirigen contra la procuradora ambiental Mónica Vietnika Alegre González, el subprocurador Francisco Javier García Ramírez y los miembros del Comité de Transparencia de la PAOT. Los señalamientos fueron presentadas ante la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior, solicitando la investigación sobre posibles delitos como encubrimiento, omisión grave, y afectaciones a la Hacienda Pública.
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El núcleo del conflicto radica en la supuesta falta de seguimiento a denuncias previas de crueldad animal en el Refugio Franciscano, así como en la gestión de la información pública sobre el caso.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha intervenido en el litigio, negando la suspensión definitiva solicitada por el establecimiento y ordenando la elaboración de un censo detallado de los ejemplares rescatados.
Denuncias por omisión y falta de transparencia en la PAOT
El colectivo sostiene que los servidores públicos de la PAOT han incurrido en acciones que vulneran su deber legal de protección animal, de las cuales destacan la paralización intencional de procedimientos administrativos y la negativa a ejercer funciones de inspección y vigilancia, lo que habría dejado en estado de indefensión los procedimientos iniciados tras el rescate de animales en la Alcaldía Cuajimalpa.
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Asimismo, la organización acusa al Comité de Transparencia de la Procuraduría de emitir acuerdos de reserva total de información sin fundamentos sólidos, impidiendo a la sociedad conocer el actuar de la autoridad en un asunto de alto interés público.
Intervención judicial de los animales rescatados
La decisión del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal obliga a las autoridades a realizar un inventario preciso de cada uno de los perros y gatos rescatados, incluyendo datos de identificación y reportes detallados sobre su condición física y médica.
El objetivo del censo es preservar el bienestar de los ejemplares y asegurar que reciban atención veterinaria adecuada, resguardo seguro y, en su caso, sean adoptados bajo estricta supervisión.
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El fallo judicial también exige que, en caso de adopción, se disponga de información completa sobre los adoptantes, lo que incrementa la trazabilidad y control sobre el destino final de los animales. Para la Fundación, este avance es crucial, ya que cada día sin adopción es una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de los seres rescatados.
Solicitud de responsabilidades y llamado a la adopción
La Fundación Antonio Haghenbeck ha solicitado a las instancias judiciales y administrativas la integración de una carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades penales y administrativas contra los funcionarios señalados. El objetivo es que, con los elementos de prueba reunidos, se pueda imputar a quienes resulten responsables de omisiones o actos contrarios a la ley.
El abogado Fernando García Juárez ha reiterado que la resolución judicial marca un precedente: la negativa a suspender el proceso de adopción respalda el interés superior de los animales, quienes requieren hogares seguros y cuidados continuos.
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