La noche del 13 de julio, personas desconocidas intentaron ingresar por la fuerza al domicilio del periodista independiente Ángel Maldonado en Ciudad Acuña, Coahuila. El ataque ocurrió apenas unas horas después de que el comunicador cubriera una manifestación sobre un presunto caso de abuso sexual a menores.
La organización de derechos humanos Artículo 19 denunció que esta agresión se suma a una serie de ataques recientes contra la prensa y exigió medidas de protección efectivas para evitar que se repita la violencia contra quienes ejercen el periodismo.
El intento de secuestro se registró cerca de las 23:38 horas, tras un ataque con piedras al domicilio del periodista. Ángel Maldonado pidió auxilio a la Policía Municipal, estatal y la Guardia Nacional, pero los agresores lograron huir antes de la llegada de las autoridades. El comunicador relató que durante la cobertura que había realizado previamente, un familiar del señalado como presunto agresor sexual le exigió dejar de grabar, lo que incrementó el nivel de riesgo para su integridad.
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De acuerdo a Artículo 19, Maldonado ya contaba con medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero estas han resultado insuficientes. Exigió que el mecanismo cumpla cabalmente con lo dispuesto en el plan de seguridad, incluyendo la instalación de cámaras en el domicilio y rondines bitacorados de la Guardia Nacional al menos tres veces por semana.
Otro ataque que exhibe la vulnerabilidad de la prensa
La agresión contra Maldonado ocurre en un contexto nacional marcado por la violencia sistemática contra periodistas. La desaparición y asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz, ocurrida en junio, reabrió el debate sobre la falta de garantías para ejercer el periodismo en México.
El caso se vincula debido a que el secuestro de Roxana quedó registrado en video, donde se aprecia cómo sujetos armados ingresaron a la vivienda de la comunicadora, la secuestraron y semanas después, su cuerpo sin vida fue localizado.
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Organizaciones internacionales han documentado la magnitud del peligro. Al menos 28 periodistas permanecen desaparecidos, de acuerdo a organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. En Veracruz, donde fue secuestrada Roxana Guzmán, suman 34 periodistas asesinados desde el año 2000.
Exigen garantías y sanción a los responsables
La exigencia de Artículo 19 se suma a las demandas de otras organizaciones que han reclamado investigaciones exhaustivas y sanciones para los responsables de los crímenes contra periodistas. El caso de Ángel Maldonado ilustra la insuficiencia de las medidas de protección actuales y la normalización de la violencia, que erosiona la percepción social sobre la importancia del periodismo y debilita la empatía hacia las víctimas.
En el caso de Roxana Guzmán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la investigación sigue abierta hasta determinar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas. Reportó que suman ocho personas detenidas, incluyendo a integrantes de la Policía Municipal y a miembros de grupos criminales, y que las autoridades federales y estatales mantienen operaciones coordinadas para detener a todos los responsables.
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El funcionario detalló, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de julio, que la instrucción presidencial es garantizar justicia para la familia de Guzmán y detener a quienes participaron en el crimen, sin permitir impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas.
En ese sentido, Artículo 19 demandó que el Mecanismo Federal de Protección cumpla con todas las medidas establecidas, garantice seguridad efectiva y permita que los periodistas continúen su labor sin poner en riesgo su vida.