Ricardo Monreal pidió este miércoles al gobierno de Estados Unidos presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) las pruebas que respalden la acusación de que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizó ganancias del huachicol fiscal para financiar campañas políticas en México, luego de que el Departamento del Tesoro sancionara el martes 30 de junio a dos mexicanos y nueve empresas vinculadas a esa red.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados descartó emitir un juicio mientras no existan elementos probatorios entregados a las autoridades mexicanas competentes y frenó cualquier acción inmediata: “Vamos a esperar”.
El Tesoro sanciona a dos mexicanos y nueve empresas
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, anunció el pasado martes 30 de junio sanciones contra Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagomez, además de nueve empresas, por su presunta participación en un esquema de contrabando de combustible vinculado al CJNG.
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Juraidini Silva es señalado como contador y cerebro de operaciones financieras del cartel. Según OFAC, crea y opera empresas fantasma, falsifica documentos aduaneros y mislabela el combustible importado desde Estados Unidos para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Las autoridades estiman que genera decenas de millones de dólares anuales para el CJNG.
Entre las empresas de Juraidini figuran Centro Cambiario La Peseta, OJ Living Trust, RK Real King, Soma Transporte y Servicios, Ogui Fletes y OF Transportes, todas en México, más Cucumber Sweet Waves Ltd, con sede en el Reino Unido, lo que apunta a una ramificación internacional del esquema.
Por su parte, Refugio Ruiz Villagomez está vinculado a Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution. Según investigaciones de la FGR citadas por el Tesoro, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en huachicol fiscal que habría pagado sobornos a organizaciones criminales que controlan puertos de entrada entre ambos países.
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El esquema opera mediante comercializadoras mexicanas que cuentan con permisos de la Comisión Nacional de Energía pero carecen de los permisos de importación de la Secretaría de Energía. El combustible —gasolina, diésel y nafta— cruza la frontera en camiones cisterna, ferrocarriles y flotas fantasma de embarcaciones marítimas, con documentos aduaneros falsificados para evadir el IEPS.
Las ganancias se lavan en Estados Unidos mediante la compra de vehículos de lujo, joyería de alto valor y destinos vacacionales exclusivos, además de bienes raíces e inversiones financieras.
En México, según la acusación, el dinero se destina a financiar campañas políticas, pagar espacios en medios de comunicación para proteger a candidatos aliados y colocar funcionarios afines en posiciones administrativas del gobierno. Una vez en el poder, esos funcionarios facilitan las operaciones de contrabando en aduanas y otorgan contratos estatales para lavar los ingresos ilícitos.
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¿Qué dijo Monreal?
Ricardo Monreal respondió a la prensa ante los cuestionamientos y, aunque descartó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones hasta que existan elementos probatorios en manos de la FGR, sí lanzó un reto directo al Departamento del Tesoro.
“Si tuviese las pruebas, estos tipos de órganos financieros debe presentarlas en la Fiscalía General de la República”, declaró.
Al ser preguntado si las acusaciones eran graves, las encuadró de inmediato como retórica electoral. “Es normal que Estados Unidos, ahora en su periodo electoral rumbo a la elección de noviembre, utilice a México de manera permanente con señalamientos de este tipo. Se inscribe en un discurso retórico electoral”, sostuvo.
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Sobre la colaboración de la UIF con las autoridades estadounidenses —dato que el propio Tesoro menciona en su comunicado—, Monreal la reencuadró como mérito directo de la presidenta. “Yo creo que el que la UIF esté colaborando con estas instituciones es por indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la UIF depende de Hacienda y Hacienda depende de la Presidenta. La Presidenta ha mostrado voluntad política para que todo este tipo de cosas pueda investigarse”, afirmó.
El legislador defendió el récord de la administración actual y aseguró que fue durante el gobierno de Sheinbaum donde se iniciaron las primeras investigaciones y detenciones por huachicol fiscal. “Nunca antes, en ningún gobierno antes del 2018, se persiguió con tanto ahínco y con tanta firmeza al crimen organizado”, sostuvo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció de manera paralela que la UIF bloqueó las cuentas de los 11 sujetos sancionados por OFAC, más nueve personas adicionales identificadas en el análisis nacional.
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La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó esa parte del informe. En su conferencia matutina del miércoles 2 de julio, la mandataria afirmó que la UIF ya colaboraba en la investigación de los sujetos sancionados, pero reprochó que Washington publicara el comunicado antes de una comunicación conjunta con México.
“Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene”, declaró Sheinbaum.