Liberan a activista que presuntamente exhibió a Rojo de la Vega y su equipo agredir a comerciantes en la Alcaldía Cuauhtémoc

Luis Fernando Luna Olivares, conocido por su activismo antimundial y antigentrificación, fue liberado la tarde de ayer tras permanecer casi 24 horas bajo custodia en el búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La detención se produjo luego de que el activista documentó el operativo de reordenamiento comercial dirigido por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega en la Zona Rosa, cuyas imágenes evidencian las agresiones por parte de funcionarios públicos.

Al encontrarse nuevamente con sus familiares, Luna Olivares denunció que la detención fue arbitraria. Aseguró que, durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, sufrió distintas agresiones físicas.

En su declaración pública, el activista relató: “Me agarraron afuera de mi casa entre seis policías sin uniforme”. También informó que, durante el operativo, perdió su tarjeta de débito, la credencial escolar y el teléfono del trabajo.

Luna Olivares acusó directamente a las autoridades de haberle plantado droga con la intención de incriminarlo. “Cuando se trata de crimen organizado no hacen nada. Ellos son el crimen organizado. Dejen de criminalizar el activismo”, reclamó.

Su abogada, Adriana Guerrero, explicó que durante la detención, agentes policiales intentaron obligarlo a entregar el PIN de su celular. Cuando pudo verlo, el activista ya presentaba lesiones visibles en las rodillas, la ceja y las manos.

La versión oficial y las contradicciones

La Policía de Investigación (PDI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvo que detuvo al activista al salir del Metro por una supuesta “actitud sospechosa” y que durante la revisión le localizaron una bolsa con una sustancia. Guerrero refutó esa versión con evidencia fotográfica.

“Las fotos que nos mandan de su domicilio muestran que hay más de seis oficiales esperándolo desde las 11 de la mañana; entonces a la hora que él sale le hacen la detención sin un documento que indique por qué se realiza”, explicó la litigante. La abogada calificó la imputación por posesión de drogas como un delito fabricado.

La Red Trinacional Antimundial (RETA) detalló en una alerta pública que la PDI mantuvo al activista entre 4 y 8 horas incomunicado dentro de un vehículo, sin informar a su familia sobre su paradero. El colectivo describió el caso como una detención arbitraria seguida de tortura para forzar el acceso al teléfono.

El operativo en Zona Rosa que desató el conflicto

El origen de todo se remonta al 16 de junio, cuando Luna Olivares documentó una riña en la calle Génova, en la Zona Rosa, entre comerciantes informales y personal de la alcaldía Cuauhtémoc. El operativo buscaba retirar el comercio ambulante de esa zona y terminó con seis policías lesionados.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció agresiones físicas en contra de su personal y responsabilizó a la diputada local Diana Sánchez Barrios, identificada como líder del comercio informal y aliada de Morena. La legisladora, por su parte, sostuvo que la violencia fue iniciada por funcionarios de la propia alcaldía.

RETA respaldó la versión de los comerciantes y afirmó que los videos y fotografías del celular de Luna Olivares documentaban actos de violencia de la alcaldía hacia los ambulantes, contrarios a la narrativa oficial. El activista había publicado antes de su detención: “Condenamos la violencia que ejerces tú en contra de los vendedores ambulantes, cuyo trabajo sostiene familias enteras”, mensaje al que Rojo de la Vega respondió con burlas, según consignó la defensa.

La respuesta de organizaciones civiles

El Observatorio Memoria y Libertad emitió un comunicado en el que calificó el caso como una señal de alerta para toda la sociedad: “Esta detención es un mensaje peligroso para toda la sociedad civil, activistas y comunicadores independientes. Demuestra que, bajo la actual administración, la crítica legítima al gobierno se castiga con la privación de la libertad”.

Artículo 19 y la Red Rompe el Miedo emitieron un posicionamiento conjunto en el que exigieron el “cese inmediato de la persecución, acoso y criminalización contra personas comunicadoras y activistas”. Ambas organizaciones se sumaron al llamado por la liberación inmediata e incondicional del activista.

El deslinde de Rojo de la Vega

La alcaldesa de Cuauhtémoc se deslindó públicamente de la detención a través de un video en sus redes sociales. “Yo no puedo detener personas, no investigo personas, no ordeno ni siquiera investigaciones y mucho menos controlo a la fiscalía”, afirmó Rojo de la Vega.

La funcionaria sostuvo que su nombre se usa para “crear narrativas falsas” y negó cualquier vínculo con el operativo policial contra el activista. Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no emitió una postura pública sobre las acusaciones de la defensa.