La jueza federal Verónica Viridiana Sandoval sentenció a 54 años de prisión a Jesús Ángel A.G., elemento de la Guardia Nacional declarado culpable por el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, ocurrido el 27 de abril de 2022 en el municipio de Irapuato.
Además, otro agente identificado como Iván I. fue condenado a 33 años de cárcel por el delito de homicidio en grado de tentativa, luego de que durante el mismo ataque una estudiante resultara herida de bala.
El fallo judicial marca un precedente en Guanajuato al tratarse de la primera sentencia condenatoria contra elementos de la Guardia Nacional por hechos de esta naturaleza en la entidad.
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La resolución fue emitida luego de que la jueza considerara válidas y contundentes las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República (FGR), así como los argumentos presentados por los asesores jurídicos de las víctimas.
“En principio debemos decir que estamos satisfechos y contentos porque fueron cuatro años de batallar, desde el 27 de abril de 2022 hasta el día de hoy. Contentos por las víctimas que en este caso son las personas más importantes”, declaró el asesor jurídico Juan Arredondo Rodríguez tras conocerse la sentencia.
El ataque contra estudiantes de agronomía
De acuerdo con las investigaciones, el 27 de abril de 2022 Ángel Yael Ignacio Rangel viajaba junto con sus compañeros Edith Alejandra y Aarón Eduardo a bordo de una camioneta Ford Ecosport blanca, luego de asistir a una reunión con estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Guanajuato.
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Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Copal, donde elementos de la Guardia Nacional les marcaron el alto e iniciaron una persecución.
La situación terminó de manera violenta cuando los agentes federales dispararon contra la unidad. Ángel Yael recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte.
En el mismo ataque, Edith Alejandra resultó herida de bala en uno de los hombros, mientras que Aarón Eduardo salió ileso.
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El caso generó indignación entre la comunidad universitaria y organismos defensores de derechos humanos, debido a que las víctimas eran estudiantes y no existían indicios que justificaran el uso letal de la fuerza.
Juicio se prolongó durante casi cuatro años
Tras los hechos, los guardias nacionales Jesús Ángel A.G. e Iván I. fueron consignados por la Fiscalía General de la República; sin embargo, el proceso judicial enfrentó diversos retrasos debido a la presentación de amparos y recursos legales promovidos por las defensas.
El juicio permaneció estancado durante casi cuatro años hasta que los procedimientos legales concluyeron a finales de 2025 y la audiencia pudo reanudarse en marzo de este año.
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Finalmente, la jueza emitió las condenas correspondientes, decisión que fue recibida con satisfacción por los familiares de las víctimas, quienes durante años exigieron justicia por el homicidio del estudiante universitario.
La sentencia también reabre el debate sobre el actuar de las corporaciones federales y el uso de la fuerza en operativos de seguridad pública en México.