La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, utilizó la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa para justificar públicamente su negativa a comparecer ante el Senado de la República.
“¿Cómo iba yo a comparecer en una reunión de trabajo del Senado? Si quienes hacen comparecer a la gobernadora de Chihuahua están en esta lista roja del gobierno de Estados Unidos; nos vamos dando cuenta de quién es quién”, declaró la mandataria panista el miércoles 29 de abril.
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El contexto: extradición de funcionarios de Sinaloa
El martes 28 de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, entre ellos el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador Rubén Rocha Moya.
La solicitud se produjo en paralelo a la convocatoria del Senado a Campos Galván para comparecer ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, en el marco del escándalo por la presencia de agentes encubiertos de la CIA en un operativo antidrogas en el municipio de Morelos, Chihuahua.
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Campos aprovechó la coincidencia temporal de ambos hechos para cuestionar la legitimidad de quienes la citaron.
La polémica: agentes de la CIA en Chihuahua
El origen de la citación al Senado se remonta al 19 de abril, cuando dos agentes de la CIA y dos ciudadanos mexicanos murieron durante el desmantelamiento de un narcolaboratorio conocido como “El Pinal”, en la sierra chihuahuense.
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El caso desató un debate sobre posibles violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, que prohíbe la participación operativa de agencias extranjeras en territorio mexicano sin supervisión de la Cancillería. La mandataria argumentó previamente que su ausencia en el Senado respondía a la necesidad de proteger información clasificada de las investigaciones en curso.
Campos defiende su estrategia de seguridad
En paralelo a la polémica, la gobernadora siguió su agenda institucional. Tras inaugurar una obra para el DIF estatal, señaló que los menores bajo tutela presentan daños neurológicos causados por la violencia del crimen organizado, y reiteró su postura de combate frontal al narcotráfico.
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La noche anterior, en un encuentro con empresarios y dirigentes de la COPARMEX en Ciudad Delicias, Campos Galván defendió su gobierno:
- Afirmó que la paz y seguridad ciudadana son “el ejercicio más acabado de nuestra soberanía”.
- Ratificó su estrategia de combate al crimen organizado pese a las acusaciones en su contra.
- Rechazó implícitamente las críticas del gobierno federal sobre el manejo del caso CIA.
La pregunta sigue sin respuesta
Con la gobernadora fuera del Senado y la Fiscalía General de la República (FGR) aún investigando qué hacían los agentes estadounidenses en Chihuahua, la pregunta central permanece abierta: ¿Quién autorizó la operación?
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar, mientras el caso tensiona las relaciones entre el gobierno federal, la administración chihuahuense y Washington.