Proponen desde la Cámara de Diputados educación y capacitación laboral para personas en prisión

La diputada Merilyn Gómez Pozos, representante del partido Morena, impulsa una iniciativa legislativa destinada a que las personas privadas de su libertad en México accedan a educación gratuita que abarque desde la alfabetización hasta el nivel superior, así como a programas de capacitación laboral avanzados dentro de los centros penitenciarios.

El propósito declarado es que la privación de la libertad no signifique la suspensión de uno de los derechos humanos fundamentales: la educación. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación para su análisis, según informó la Cámara de Diputados en su boletín oficial.

El proyecto de Gómez Pozos incorpora un elemento diferencial respecto de reformas previas al centrarse en las mujeres en reclusión.

En el segundo bloque de la iniciativa, se plantea modificar el artículo 10 y añadir la fracción IX Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con lo que las internas en centros de readaptación social obtendrían el derecho a educación gratuita en todos los niveles, superando la limitación histórica a roles laborales tradicionales y de género. Esta visión busca romper con el paradigma que ha restringido la oferta educativa a la alfabetización o niveles básicos, tal como se expone en la documentación presentada por la diputada Morena.

La medida trasciende el periodo de reclusión: contempla que, una vez otorgada la libertad anticipada o definitiva a una persona, los servicios de apoyo descritos en los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal tengan carácter de continuidad, facilitando tanto la conclusión de la formación educativa como la incorporación efectiva al ámbito laboral, refiere la Cámara de Diputados.

<b>Educación en prisión: herramienta de seguridad pública y reinserción efectiva</b>

Con el fin de garantizar que toda persona interna en un centro penitenciario cuente con acceso gratuito a la educación media superior y superior, ampliando el alcance más allá de la alfabetización, la iniciativa apunta a la obligación del Estado mexicano de que dicho derecho “no se suspenda” por el hecho penitenciario y subraya que la juventud y la falta de oportunidades educativas constituyen focos de riesgo para la reincidencia.

La parlamentaria detalla que uno de los componentes innovadores de la reforma consiste en establecer mecanismos de seguimiento obligatorio, vinculando la trayectoria educativa y la capacitación laboral dentro de la cárcel con la vida en libertad.

La intención es impedir que el proceso de aprendizaje se interrumpa al concluir el internamiento y dotar así de competencias reales para competir en el mercado laboral, en particular a las mujeres, quienes —explica Gómez Pozos— enfrentan “barreras diferenciadas” derivadas de la oferta limitada de programas formativos orientados históricamente a funciones con base en el género.

<b>Prioridad legal y seguimiento estructurado una vez concedida la libertad</b>

En términos legales, toda persona en situación de prisión preventiva o cumpliendo sanciones penales tendría derecho a esta cobertura educativa gratuita durante la estancia en el centro penitenciario. Además, los servicios de seguimiento obligatorio para la enseñanza y la inserción laboral serían activados automáticamente al momento de su liberación, en cumplimiento de los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

La diputada Merilyn Gómez Pozos sostiene que la educación es “la inversión más efectiva para la seguridad pública a largo plazo", considerando que la ignorancia y la falta de oportunidades refuerzan el ciclo de la criminalidad. Su iniciativa busca, además, sentar un precedente normativo que obligue a las autoridades penitenciarias a ofrecer capacitación laboral avanzada y niveles educativos superiores, con el objetivo de transformar las trayectorias de vida de las personas egresadas del sistema penitenciario y optimizar su reinserción.