El rechazo del Gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha sido cuestionado con firmeza por organizaciones civiles, que advirtieron sobre el riesgo de perpetuar la crisis humanitaria más grave del país, producto de una impunidad que supera el 98% en los casos de desaparición.
Las críticas al informe técnico del organismo internacional, expresadas bajo el argumento de una supuesta falta de rigor, fueron calificadas por los colectivos como un desvío que posterga el derecho de las familias a conocer la verdad y acceder a la justicia.
Las agrupaciones, entre las que destacan el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Data Cívica y Fundar, denunciaron que México enfrenta actualmente más de 83.000 cuerpos y restos humanos no identificados en las instituciones forenses del país. Este dato, enumerado en su reciente posicionamiento conjunto, ilustra la magnitud del colapso institucional ante la crisis de desapariciones y fue presentado como prueba incontrovertible de la urgencia de tomar medidas efectivas.
El informe del Comité, respaldado de manera explícita por las organizaciones, subraya que la creación de nuevas leyes e instituciones no implica progreso real si la situación de fondo —la continuidad de las desapariciones y el acceso restringido a la justicia— no se revierte. “Mientras la cifra de personas desaparecidas continúa en aumento y la impunidad en dichos casos supere el 99%, cualquier avance normativo es, en la práctica, insuficiente”, señalaron los colectivos en la declaración.
La respuesta oficial mexicana ha calificado el informe de la ONU de “tendencioso y falto de rigor”, un posicionamiento que los colectivos consideran alarmante y contrario al espíritu democrático, según lo expresado en su pronunciamiento. Las organizaciones recordaron que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que la voluntad de un Estado se mide por la reducción real de las violaciones y el acceso efectivo a la justicia, no sólo por la existencia de un marco normativo actualizado.
¿Qué dice el informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas?
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha informado que, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, registró 107 nuevas solicitudes de acción urgente relativas a desapariciones en distintos países, una cifra inferior respecto a las 144 del período anterior. La importancia de estas solicitudes radica en que, en muchos de los casos, la intervención del Comité representa la única vía internacional de presión para la búsqueda de personas y la protección de sus familias.
Al 28 de febrero de 2026, el Comité había acumulado un total de 2.239 acciones urgentes registradas desde su inicio. De estas, el 96,5% fueron registradas según el lugar de la desaparición, mientras que 79 casos requirieron registros paralelos debido a la necesidad de cooperación judicial internacional entre varios Estados.
En el caso de México, aunque se reporta una mejora en la prontitud de las respuestas, las autoridades suelen remitir información común a varios casos, sin detallar acciones particulares ni avances específicos en la búsqueda o en la investigación. Según el Comité, existen demoras graves en el análisis de elementos relevantes como registros de vigilancia o datos telefónicos y dificultades considerables para familias y representantes al acceder a expedientes o ser informados de los avances.
El comunicado de la SRE
Luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada pidiera al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita con carácter urgente a la Asamblea General el problema de las desapariciones forzadas en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:
“México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018″, a través del comunicado en el que también se lee:
El informe “Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.”
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