El gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez y el secretario de gobierno, Miguel Flores (en redes está como Mike Flores), destinaron al menos 15 millones de pesos en publicidad digital en redes sociales entre diciembre del 2025 y febrero de este año, de acuerdo con datos consultables en la Meta Biblioteca de Anuncios.
La cifra corresponde exclusivamente a inversión en pauta pagada dentro de Facebook e Instagram durante un periodo de tres meses, lo que equivale a más de 5 millones de pesos mensuales dirigidos únicamente a posicionamiento digital.
Según los registros públicos disponibles en la Biblioteca de Anuncios —herramienta que permite consultar montos, fechas de difusión y responsables de páginas que contratan publicidad—, la inversión fue constante y sostenida durante el cierre de 2025 y el arranque de 2026.
Los anuncios promocionados incluyeron contenidos relacionados con actividades gubernamentales, mensajes institucionales, logros de administración y publicaciones vinculadas a la imagen pública de los funcionarios.
La plataforma detalla que los recursos fueron destinados a campañas activas en perfiles asociados a los servidores públicos y páginas oficiales, aunque la herramienta no distingue el origen específico del financiamiento más allá de identificar al anunciante.
Debate sobre comunicación y autopromoción
El monto ha generado cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público del gobernador, ya que Samuel García solo él, gastó más de 8 millones en su promoción, mientras su esposa casi llega a los 5, en un contexto donde Nuevo León enfrenta desafíos relevantes en materia de movilidad, seguridad, calidad del aire y servicios básicos.
Especialistas en transparencia y rendición de cuentas señalan que cuando el gasto en promoción digital se concentra en perfiles personales o en contenidos que refuerzan la imagen individual de funcionarios, surge un debate legítimo sobre la delgada línea entre comunicación institucional y autopromoción.
De acuerdo con estos analistas, la publicidad gubernamental tiene como finalidad informar a la ciudadanía sobre programas, servicios y acciones públicas; sin embargo, advierten que el formato y el enfoque del contenido pueden influir en la percepción sobre si se trata de información oficial o posicionamiento político.
Información abierta y verificable
El promedio mensual superior a los 5 millones de pesos en anuncios patrocinados coloca bajo la lupa la estrategia de comunicación del gobierno estatal y sus principales figuras públicas.
En un entorno donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de comunicación política, la inversión en pauta digital representa una herramienta clave para amplificar mensajes y alcanzar audiencias segmentadas.
La información sobre la inversión está disponible públicamente en la Biblioteca de Anuncios de Meta y puede ser consultada por cualquier ciudadano interesado en verificar los montos y periodos de difusión.
Este caso reaviva la discusión sobre la regulación de la publicidad gubernamental en entornos digitales, un terreno donde la normativa aún enfrenta retos para adaptarse a la dinámica de las plataformas tecnológicas.
Mientras tanto, el gasto millonario en tres meses mantiene abierta la conversación sobre transparencia, prioridades presupuestales y el papel de la comunicación digital en la gestión pública.