
El Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva que prohíbe la aplicación de la prueba de nado forzado (PNF) en roedores en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), una resolución que organizaciones defensoras de los derechos animales califican como histórica al reconocer a los animales como seres sintientes y elevar su protección a un asunto de interés social y de orden público, con sustento en el artículo 4° de la Constitución mexicana.
La decisión judicial se dio tras las denuncias presentadas por el Movimiento Animalista de Puebla (MAP), que agrupa a más de 150 asociaciones y cuenta con el respaldo de PETA Latino, así como de la organización En Su Piel A.C., quienes señalaron que la universidad utilizaba la PNF como método educativo y científico, una práctica que —sostienen— implica tortura y maltrato animal.
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Señalan contradicciones en la postura de la BUAP
De acuerdo con los colectivos animalistas, durante el proceso legal la BUAP admitió ante el juzgado la realización de este tipo de experimentos, aunque argumentó que no eran inconstitucionales. Sin embargo, posteriormente, la universidad aseguró en sus redes sociales que no ha practicado la prueba en las últimas cuatro décadas, una afirmación que contradice lo expresado ante la autoridad judicial.

Ante estas versiones encontradas, el Juzgado Sexto de Distrito requirió a la institución aclarar su postura en un plazo de 48 horas, una medida que las organizaciones calificaron como inusual y que, señalaron, generó incertidumbre en el proceso para determinar la suspensión definitiva de la práctica.
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Cuestionan valor científico de la prueba
Los activistas subrayan que la prueba de nado forzado carece de valor científico real. Citan, entre otros estudios, el análisis de la doctora Emily Trunnell, publicado en la revista Drug Discovery Today, que concluye que la PNF tiene menor capacidad predictiva que el azar. Además, destacan que diversas universidades y empresas farmacéuticas a nivel internacional han abandonado este protocolo por considerarlo ineficaz y obsoleto.
El Movimiento Animalista de Puebla afirmó que, antes de recurrir a la vía legal, intentó establecer un diálogo directo con la Rectoría de la BUAP para abordar el tema desde una perspectiva ética y de bienestar animal. Al no obtener una respuesta satisfactoria, promovieron un juicio de amparo indirecto para exigir el cese de lo que consideran una práctica sistemática y recurrente de maltrato animal.
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Un precedente en bienestar animal
Tras la falta de claridad institucional, los colectivos también convocaron a una manifestación pacífica frente al Poder Judicial, en la que exigieron información veraz y la suspensión definitiva de la prueba, bajo la consigna: “sí a la ciencia, no a la crueldad”.

Las organizaciones celebraron la resolución judicial al considerarla un parteaguas para la protección animal en México, al reconocer que la defensa de la fauna y la biodiversidad es una obligación compartida que va más allá de los beneficios inmediatos para los seres humanos. Asimismo, destacaron que el fallo se alinea con la Agenda 2030 de la ONU, particularmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que promueve sociedades justas, pacíficas y libres de violencia.
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Llamado a la rectoría
Finalmente, el Movimiento Animalista de Puebla, PETA Latino y En Su Piel A.C. exhortaron a la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, a encabezar una transición hacia modelos experimentales libres de sufrimiento animal y a convertir a la universidad en un referente nacional de ética científica.

“La justicia ha hablado: el maltrato animal ya no tiene cabida en un estado de derecho moderno”, afirmaron las organizaciones, al reiterar su compromiso con una ciencia en la que el conocimiento avance de la mano de la empatía y la responsabilidad ética.
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