Las transferencias electrónicas se han convertido en una herramienta esencial para la vida cotidiana y los negocios en México. Sin embargo, el inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la supervisión de estos movimientos, luego de que el Servicio de Administración Tributaria reforzara la vigilancia sobre los depósitos bancarios con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el uso irregular del sistema financiero.
Mayor fiscalización, no un nuevo impuesto
Contrario a lo que ha circulado en redes sociales, el SAT no cobra impuestos ni multas por el simple hecho de realizar transferencias electrónicas. La autoridad fiscal aclaró que las sanciones solo aplican cuando el dinero recibido no puede justificarse o no ha sido declarado conforme a la ley.
El endurecimiento de la supervisión ocurre en paralelo con nuevas medidas de seguridad bancaria, como el Monto Transaccional del Usuario (MTU), un candado digital implementado por las instituciones financieras para prevenir fraudes.
Este mecanismo, recomendado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fija límites a las transferencias y solicita validaciones adicionales cuando se superan ciertos montos. Aunque el MTU no genera multas fiscales, sí facilita el rastreo de operaciones inusuales.
¿Cuándo sí hay multas por transferencias electrónicas?
El SAT puede imponer sanciones cuando detecta que las transferencias electrónicas representan ingresos omitidos o movimientos irregulares. Entre los principales casos están:
- Transferencias sin justificación documental: depósitos que no cuentan con contratos, facturas, recibos o comprobantes fiscales válidos.
- Ingresos no declarados: pagos por servicios, ventas u honorarios que no se reportan en la declaración anual.
- Préstamos informales: dinero recibido de particulares o fintechs sin un contrato que respalde la operación.
- Montos elevados y constantes: transferencias recurrentes superiores a 15 mil pesos sin una explicación clara.
- Movimientos incongruentes: ingresos que no coinciden con el perfil fiscal del contribuyente, como recibir cantidades muy superiores a lo declarado.
En estos escenarios, el SAT puede aplicar multas que superan los 22 mil pesos, además de iniciar revisiones de gabinete e incluso solicitar el bloqueo temporal de cuentas mientras se aclara el origen del dinero.
Casos en los que no hay sanciones
No todas las transferencias electrónicas están bajo riesgo. Existen múltiples operaciones que no generan multas siempre que cuenten con respaldo legal:
- Transferencias justificadas con contratos, facturas o comprobantes fiscales.
- Operaciones declaradas correctamente en la declaración anual.
- Pagos entre cuentas propias, es decir, traspasos entre cuentas del mismo titular.
- Transferencias con sustento legal, como pagos de nómina, préstamos formales o operaciones comerciales con CFDI.
La clave está en que el movimiento no represente un ingreso oculto ni una discrepancia fiscal.
Depósitos en efectivo y foco de atención
A la par de las transferencias electrónicas, en 2026 se mantiene la obligación de los bancos de reportar al SAT los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos mensuales en una misma institución. Si el contribuyente no puede demostrar el origen de esos recursos, la autoridad puede tratarlos como ingresos no declarados y cobrar el ISR correspondiente.
Recomendaciones para evitar problemas fiscales
Especialistas en materia fiscal recomiendan:
- Conservar contratos, facturas y comprobantes de cada transferencia relevante.
- Declarar ingresos extraordinarios en la anual.
- Evitar préstamos o depósitos informales sin respaldo legal.
- Revisar y personalizar los límites de transferencia en la banca digital.
Las transferencias electrónicas no están prohibidas ni gravadas en 2026, pero sí más vigiladas. El SAT solo sanciona cuando no existe justificación o cuando los movimientos esconden ingresos no declarados. La transparencia y el orden fiscal siguen siendo la mejor defensa para evitar multas.