Vecinos de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, reportaron días antes del asesinato de Alberto Prieto Valencia la presencia de drones y movimientos sospechosos en la zona.
El ataque, perpetrado la mañana del 29 de diciembre de 2025, dejó sin vida al empresario, a su hija de 16 años y a uno de sus escoltas, y es investigado por las autoridades como un hecho de alto grado de planeación y violencia, con probable participación del crimen organizado.
De acuerdo con reportes de Nmás y Reforma, en los días previos al atentado, habitantes de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de personas ajenas a la colonia que sobrevolaban la zona con drones y circulaban en vehículos sospechosos, particularmente un automóvil Versa blanco con placas de Michoacán.
Cuando los presuntos vigilantes notaron que eran grabados por los colonos, no los confrontaron sino que huyeron del lugar. Las placas de dicho vehículo fueron posteriormente vistas en una camioneta Cross Sport utilizada por los atacantes el día del crimen, según Reforma.
Los testimonios señalan que la vigilancia con drones se realizó en los alrededores de la avenida Topacio y calles aledañas, donde finalmente ocurrió la emboscada contra el convoy en el que viajaba Prieto Valencia.
Vecinos también reportaron la presencia frecuente de camionetas blancas y personas armadas en la zona.
“Siempre había gente armada aquí afuera. Había camionetas, las camionetas blancas aquí andaban y siempre había gente armada”, relató un vecino a Nmás.
Tras el ataque, los daños materiales fueron visibles: paredes, puertas, portones y ventanales de casas ubicadas en la avenida Topacio, entre las calles Bahía y Brillante, así como autos estacionados, registraron impactos de bala y destrozos.
El ambiente de pánico se reflejó en testimonios como el de una vecina, quien relató que su madre, paciente diabética, sufrió una crisis de producto del susto generado por la balacera. “Se oían los casquillos bien feos, las ráfagas”, resumió otro habitante sobre la intensidad del tiroteo.
Cómo fue el ataque
El 29 de diciembre, el empresario Alberto Prieto Valencia, conocido como “El Prieto”, circulaba en un vehículo Lamborghini Urus, acompañado de su hija adolescente y resguardado por al menos siete escoltas, algunos de ellos militares en retiro, según confirmó la Fiscalía de Jalisco.
Alrededor de las 10:20 horas, el convoy fue interceptado por al menos 30 personas armadas, quienes lo emboscaron con apoyo de al menos siete vehículos, entre ellos una camioneta GMC Yukon y varios autos con placas de Michoacán.
El ataque provocó un enfrentamiento que duró varios minutos y abarcó al menos cuatro puntos distintos de la colonia. En la escena se recolectaron más de 200 casquillos percutidos de armas largas. Videos grabados por vecinos y automovilistas mostraron la intensidad de las ráfagas y el pánico de residentes y comerciantes.
En el lugar murieron Prieto Valencia, su hija Sara y uno de sus escoltas. Otros cuatro elementos de seguridad resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales.
La Fiscalía de Jalisco confirmó que el Lamborghini en el que viajaba la víctima no estaba blindado y que los escoltas intentaron repeler la agresión, aunque fueron superados por la cantidad y el armamento de los sicarios.
Hasta el momento, las autoridades han asegurado cuatro vehículos relacionados con los agresores.
Tras el atentado, la Mesa de Seguridad del Estado, con la participación de los tres niveles de gobierno, realizó una reunión extraordinaria en la V Región Militar para dar seguimiento a los primeros avances de la investigación.
Se informó que la Fiscalía estatal continúa el análisis de videos de cámaras de seguridad y del C5 para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del crimen.
La Fiscalía de Jalisco indicó que, por las características del ataque, se presume la intervención de grupos de delincuencia organizada, aunque el móvil exacto sigue bajo análisis.
Entre las líneas de investigación figura la posible relación de Prieto Valencia con redes dedicadas a las llamadas “rifas colombianas”, esquemas de fraude y extorsión detectados en el Mercado de Abastos de Guadalajara y otras entidades del país.
En estos esquemas, redes integradas principalmente por personas de origen colombiano obligan a comerciantes a comprar boletos de rifas fraudulentas y, en ocasiones, los vinculan con préstamos “gota a gota”.
La Fiscalía ha documentado 18 denuncias por usura y dos carpetas de investigación por extorsión relacionadas con estos delitos desde 2020, con seis personas detenidas, cinco de ellas de nacionalidad colombiana, según Reforma.