México vivió en 2025 un incremento notable en el uso de drones por parte de grupos criminales, quienes emplearon estos dispositivos como herramientas para realizar ataques, transportar explosivos y vigilar movimientos de las fuerzas de seguridad.
La sofisticación marcó una tendencia preocupante en la violencia asociada al narcotráfico y colocaron a distintas regiones del país bajo una nueva amenaza que desafía la capacidad de respuesta de las autoridades.
El fenómeno de los narcodrones ya había sido documentado en años previos, pero durante 2025 se registró una consolidación de esta táctica, con casos que involucraron ataques directos contra civiles, fuerzas de seguridad y oficinas gubernamentales.
El despliegue de estos dispositivos ya se había documentado en diversas zonas de Jalisco, sin embargo, se extendió a estados como Sinaloa y Baja California, donde las autoridades reportaron ataques.
Estos hechos impulsaron la emisión de alertas internacionales, reforzando la cooperación entre gobiernos y motivaron el desarrollo de nuevas estrategias de inteligencia y seguridad.
Ataque a la casa de la madre de “El Chapo” en Badiraguato
Uno de los episodios más relevantes del año ocurrió en Badiraguato, Sinaloa, cuando drones equipados con explosivos impactaron la residencia que perteneció a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El ataque, registrado a finales de octubre, generó gran repercusión debido al simbolismo del inmueble, que ha sido referencia constante por su vínculo con el exlíder del Cártel de Sinaloa.
Tras el incidente, residentes habrían reportaron detonaciones en la zona y movimientos inusuales de vehículos.
Luego de los hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó públicamente el ataque con drones en Badiraguato.
Tras los hechos, autoridades locales y federales desplegaron operativos que derivaron en el aseguramiento de varios dispositivos aéreos adaptados para transportar explosivos.
El gobernador también informó sobre el desplazamiento de varias familias por temor a nuevos ataques, lo que evidenció el impacto social de la agresión.
Ataque a militares en Culiacán
En abril, elementos del Ejército Mexicano sufrieron un ataque con drones en la zona de La Limita de Itaje, ubicada en las inmediaciones de Culiacán. De acuerdo con los reportes, los militares acudieron a realizar un operativo tras recibir denuncias sobre la presencia de un grupo armado en la zona.
Al aproximarse al lugar señalado, los agresores activaron drones equipados con explosivos improvisados, comúnmente conocidos como “bombas caseras”, que fueron lanzados directamente sobre la unidad militar.
La explosión alcanzó a dos soldados, quienes resultaron heridos y debieron recibir atención médica inmediata.
El ataque provocó una rápida movilización de refuerzos y el despliegue de patrullajes aéreos y terrestres en las comunidades cercanas.
Como resultado del operativo, el ejército aseguró artefactos explosivos preparados para ser lanzados por control remoto, entre otros objetos y un domicilio.
La agresión mostró un incremento en la capacidad de los grupos criminales para utilizar tecnología comercial adaptada a fines bélicos.
Este incidente habría representado un punto de inflexión para los cuerpos de seguridad en Sinaloa y la necesidad de actualizar los protocolos ante la amenaza que representan los drones armados y la dificultad para detectar su presencia antes de un ataque.
Ataque con drones a la FGE en Playas de Tijuana
En octubre, las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) en Playas de Tijuana fueron blanco de un ataque con drones equipados con explosivos.
Cerca de la medianoche, al menos dos drones sobrevolaron el edificio y lanzaron artefactos explosivos de fabricación casera que impactaron en el estacionamiento y la fachada principal.
El estallido causó daños materiales en varios vehículos oficiales y en la estructura del inmueble, aunque no se reportaron personas heridas.
Tras la detonación, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en la zona y desplegaron un perímetro de seguridad para evitar nuevos ataques.
Peritos de la FGE y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) recolectaron restos de los dispositivos y explosivos utilizados para su análisis.
Este ataque se sumó a otros intentos recientes de intimidación contra autoridades en la región fronteriza, donde el uso de drones ha ido en aumento tanto para agresiones directas como para actividades de vigilancia y transporte de drogas.
Debido a la agresión, el Consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos y recomendó evitar la zona.
Respuesta binacional contra los narcodrones
En hechos recientes, los gobiernos de México y Estados Unidos pactaron interconectar sus plataformas de inteligencia para identificar y neutralizar amenazas con drones en la frontera.
El acuerdo se concretó en la segunda reunión del grupo de Implementación en Seguridad entre ambos países, enfocándose en el intercambio rápido de información y el desarrollo de estrategias conjuntas.
La cooperación entre México y Estados Unidos para enfrentar los ataques con narco drones evidencia el desafío que representa la rápida adaptación tecnológica del crimen organizado, pero también revela limitaciones en la capacidad de las autoridades para responder de manera efectiva.
Aunque la interconexión de plataformas de inteligencia constituye un avance, la persistencia y sofisticación de estos ataques pone en entredicho la eficacia de las estrategias actuales y la urgencia de desarrollar mecanismos de prevención y reacción que vayan más allá de respuestas reactivas o acuerdos bilaterales.