La reciente decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de sancionar a José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), ha marcado un nuevo capítulo en la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.
La orden ejecutiva coloca a esta organización en el centro de la agenda de las autoridades estadounidenses y podría abrir la posibilidad de una futura extradición del capo mexicano a territorio estadounidense, de acuerdo con el especialista en seguridad, David Saucedo.
Washington intensifica acciones contra huachicoleros
La designación del CSRL y de Yépez Ortiz en la lista de organizaciones criminales transnacionales y sujetos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) responde, según la propia dependencia, a la urgencia de atacar el robo y contrabando de combustible que afecta a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), así como a intereses energéticos estadounidenses. Esta dinámica ha generado pérdidas multimillonarias para ambas naciones.
En entrevista con Radio Fórmula, David Saucedo señala que las acciones del Departamento del Tesoro remarcan un cambio de estrategia en EEUU, que ahora “pone el énfasis en el combate ya no solo de los grupos criminales dedicados a la producción y comercialización de drogas, sino también aquellos grupos que se dedican a la extracción de combustible”.
El especialista señala que este tipo de delitos ya representa la segunda fuente de ingresos para varios grupos criminales, por lo que ya están afectando los intereses de empresas norteamericanas dedicadas a la producción de gasolina y también de gas.
El informe del Tesoro subraya que el CSRL utiliza una variedad de métodos, desde la sustracción directa en ductos y refinerías hasta el uso de intermediarios y documentos falsos, para alimentar un mercado negro de hidrocarburos que cruza la frontera y socava la economía formal.
En tan solo cuatro meses, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos reportó operaciones sospechosas por más de 827 millones de dólares relacionadas con contrabando de petróleo y gasolina entre Texas, Florida y diversas ciudades fronterizas.
Según el documento del Departamento del Tesoro, los robos de combustible se perpetran principalmente mediante la complicidad de empleados de Pemex, la perforación ilegal de ductos, el saqueo de refinerías, el asalto a camiones cisterna y, en ocasiones, bajo amenaza contra empleados de la paraestatal.
“El Marro” y el control penitenciario
La sanción de Washington ocurre mientras “El Marro” cumple una condena de 60 años en una prisión federal de alta seguridad en Durango por cargos de secuestro, y con procesos pendientes por delincuencia organizada y robo de combustible.
Sin embargo, la captura del líder criminal no ha impedido la operación de la organización, pues según EEUU, después de la captura, él siguió operando desde la cárcel y llegó a hacer alianzas en otros grupos criminales para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La fragilidad del sistema penitenciario mexicano es, a juicio de David Saucedo, un factor clave para entender la vigencia del CSRL. “No solo José Antonio Yépez, sino otros líderes criminales de alto perfil desde prisión siguen teniendo el contacto y el control de sus respectivas organizaciones, vía los abogados, vía los familiares, incluso con comunicaciones que tienen con aparatos de telefonía celular que en teoría no tendrían por qué tener, siguen dando instrucciones a sus estructuras delictivas”, explicó.
El propio especialista detalló que la petición de enfocar las sanciones contra la organización provino tanto del gobierno federal como del de Guanajuato, interesados en que Estados Unidos amplíe la presión a los cárteles huachicoleros.
“Finalmente están corrigiendo este error. Tengo entendido de acuerdo con información que el propio gobierno de México, el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato solicitaron a los norteamericanos que pusieran la lupa sobre el Cártel Santa Rosa de Lima. Esto con la posible extradición en un mediano plazo de José Antonio Yépez Ortiz alias el Marro”.
El CSRL surgió como un grupo dedicado a la extorsión y cobro de “derecho de piso”, para después asociarse con mafias estatales en la venta de drogas y finalmente con funcionarios corruptos de Pemex. Así encontró en el robo de combustibles una fuente inagotable de ingresos, con epicentro en la refinería de Salamanca y los ductos de la región Bajío.
Según declaró Saucedo, el cártel ha llegado a controlar entre 20 y 25 municipios de Guanajuato en su periodo de máximo poder, lo que intensificó los niveles de violencia en la entidad y generó una prolongada guerra territorial con el CJNG.
De acuerdo con Saucedo, el cártel mantiene una estructura criminal articulada y una base social de apoyo en comunidades vulnerables a las que ha dotado de obras y servicios: “En el tiempo del cártel de Santa Rosa de Lima echó raíces en esta región de La Bajío financiando obras de infraestructura, alimentando, electrificando, entregando despensas... buscando apoyo popular, que es lo que permite el crecimiento y la operación de los cárteles, entre otras cosas, además de la corrupción y la complicidad con autoridades”.
El especialista sostiene que el siguiente paso vital en la lucha contra esta organización sería “la detención de los alcaldes, jefes policiacos, legisladores en el estado de Guanajuato que respaldan al cártel de Santa Rosa de Lima y se han armado un anillo de protección política y policial que permite la continuidad de esta organización”.