Diputados alistan nuevas penas de hasta diez años de prisión a talamontes

México enfrenta serios retos en materia ambiental, desde la tala ilegal e incendios provocados que consumen grandes extensiones de bosques, hasta la pesca ilegal de especies en peligro de extinción, por lo que la legislación se ha ido adaptando en los últimos años.

El endurecimiento de las sanciones penales por delitos ambientales avanza en la Cámara de Diputados, donde se emitió la declaratoria de publicidad al dictamen de la Comisión de Justicia que propone reformar el Código Penal Federal.

El objetivo de esta iniciativa es incrementar las penas para quienes atenten contra el ambiente y la gestión ambiental, así como ampliar el catálogo de conductas por las que las personas morales pueden ser sancionadas penalmente.

La propuesta contempla penas de uno a nueve años de prisión y de mil a cinco mil días multa para quienes desmonten, extraigan o destruyan cualquier tipo de vegetación natural o recurso forestal maderable, es decir, la tala clandestina.

Esta medida busca disuadir la comisión de conductas que afectan gravemente los ecosistemas, al imponer consecuencias más severas para los responsables.

En el caso de quienes corten, arranquen, derriben o talen uno o varios árboles, el dictamen establece una pena de dos a diez años de prisión y de mil a cinco mil días multa.

La misma sanción se aplicará a quienes lleven a cabo actividades de ocupación, invasión o cambio de uso de suelo en terrenos forestales, con el fin de proteger estos espacios de la degradación y el aprovechamiento ilegal.

Reforma al código penal contempla sanciones a nuevos delitos

El proyecto también incorpora nuevas figuras delictivas relacionadas con la manipulación de información en materia ambiental.

Se prevé castigar a quienes generen o utilicen información falsa o simulada respecto a una persona jurídica, ya sea en temas de sustentabilidad o en relación con su desempeño o mejora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las leyes y normas ambientales.

El propósito de estas acciones puede ser engañar a consumidores, inversionistas o instituciones del sistema financiero, o bien obtener un lucro o ventaja indebidos.

Además, se sancionará a quienes proporcionen información falsa o simulen el cumplimiento de sus obligaciones dentro del sistema nacional o internacional de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.

Con estas reformas, el dictamen busca fortalecer el marco legal para combatir tanto los delitos ambientales directos como las prácticas fraudulentas que afectan la integridad de los sistemas de gestión ambiental.

Aún cuando gobiernos locales, como el de la Ciudad de México han implementado programas como el de los “Bosques de Agua”, además de modificar las leyes para proteger los suelos naturales, el problema de los talamontes es recurrente en zonas como Topilejo y Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, zona en la que estos grupos suelen repeler los operativos mediante el uso de armas de fuego.

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