En el marco de la primera Jornada Nacional de Justicia Agraria Itinerante se llevó a cabo la firma de un convenio interinstitucional que reunió a varias secretarías de estado y al Tribunal Superior Agrario que busca garantizar el acceso a la tierra, reparando la “deuda histórica” que se tiene con las mujeres indígenas.
En la firma del Convenio de Colaboración para Garantizar a las Mujeres del Campo su Derecho al Acceso a las Tierras y a los Territorios y el Reconocimiento de la Calidad Agraria participaron los funcionarios, Claudia Dinorah Velázquez González, presidenta del Tribunal Superior Agrario; Minerva Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de Mujeres; Julio Antonio Berdegué Sacristán, titular de la Sader; la doctora Edna Elena Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas; Víctor Suárez Carrera, procurador agrario y finalmente el maestro Luis Cruz Nueva, director en jefe del Registro Agrario Nacional.
Durante la ceremonia, la magistrada Claudia Dinorah Velázquez González, advirtió sobre las desigualdades que afectan a este sector ya que más de 13 millones de mujeres habitan en zonas rurales, en contextos de pobreza o violencia institucional.
Señaló que las mujeres del campo mexicano, aunque participan activamente en el trabajo agrícola, en la conservación de los recursos naturales y en la vida comunitaria, han sido sistemáticamente invisibilizadas y que día con día luchan contra violencia patrimonial a la que han sido expuestas las mujeres en el medio rural.
Explicó que solo el 25.9 por ciento de quienes poseen derechos agrarios reconocidos son mujeres, y que apenas el 21 por ciento de las personas integrantes de los comisariados ejidales y de los bienes comunales son mujeres y señaló que “la tierra no tiene género, pero la injusticia sí”, por ello se realizan este tipo de proyectos para llevar la justicia a las comunidades más lejanas.
Este esfuerzo, según autoridades federales, se enmarca en el programa Mujeres por el Acceso a la Tierra, que opera con la participación de diversas instituciones del gobierno de México.
Sus objetivos son garantizar la titularidad de la tierra para mujeres rurales e indígenas, y reducir la brecha de desigualdad en el acceso a los derechos agrarios. Esto se suma a diferentes acciones que buscan la soberanía alimentaria para el país.
Se espera que el programa llegue a por lo menos 150 mil mujeres en núcleos agrarios de Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Campeche, Yucatán principalmente. En esta primera entrega ya se entregó una primera ronda de beneficios.