
Están por cumplirse 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que el 23 de marzo de 1994 fue atacado a tiros luego de terminar un mitin en Lomas Taurinas, Tijuana. En el lugar fue detenido Mario Aburto Martínez, un joven michoacano que confesó ser el autor del crimen por el que le sentenciaron a 45 años de prisión.
Este año 2024 resulta relevante para el caso Colosio por muchos motivos, pues además de que está por cumplirse la sentencia reducida de Aburto Martínez y el propio hijo del político, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador le otorgara el indulto al asesino confeso de su padre, aunque el mandatario rechazó la petición argumentando que se trata de un asunto de Estado que no puede quedar impune.
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Además de lo anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) ha dado nuevas revelaciones sobre el crimen, pues revivió la hipótesis de que Aburto no operó solo, sino que hubo un segundo tirador llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega, quien estaba encargado de la seguridad del candidato y además era agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), muy cercano a Genaro García Luna, exdirector del organismo y exsecretario de Seguridad Pública federal detenido en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Othón Cortéz Vázquez, el supuesto segundo tirador que fue liberado
Pero esta no es la primera vez que las autoridades ministeriales acusan que Aburto tenía un cómplice, pues en 1995 Othón Cortéz Vázquez fue detenido tras ser acusado de ser uno de los asesinos del excandidato presidencial del PRI. El sujeto se desempeñaba como chofer y encargado de la seguridad del político, un testigo primero lo acusó de haberlo visto con un arma apuntando a Colosio, por lo que esa fue la razón por la que el fiscal Pablo Chapa lo acusó. Aunque después dijo que lo había soñado.
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De acuerdo con el expediente, a Othón lo habían detenido y torturado elementos de la extinta PGR para que confesara que era el segundo tirador en el magnicidio. Luego fue recluido en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México y fue absuelto dos años después, luego de que no se le encontrara responsabilidad en el caso.
El juez que le concedió la libertad en 1996 fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien este 31 de enero se declaró impedido para conocer el caso de Mario Aburto, quién podría ser liberado en marzo próximo.
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Durante el proceso, Othón Cortéz fue asesorado por el controversial defensor Juan Collado Mocelo, conocido como ‘El abogado del poder’ debido a que tuvo como clientes a importantes políticos y empresarios. Tras la liberación del detenido, el abogado pidió a la PGR una indemnización por siete millones de pesos, pero no la consiguió.
En 2019, Cortéz Vázquez dio a conocer que interpondría una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tortura y malos tratos de los que había sido víctima un cuarto de siglo antes. “No ha existido una disculpa, tengo 24 años desde que salí de prisión y estoy peleando la reparación del daño y un perdón público”, dijo entonces a El Sol de Tijuana.
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A raíz de los malos tratos a los que fue sometido tras su detención, Othón Cortéz quedó con daño renal permanente y algunas secuelas de salud. Con el paso del tiempo enfermó de diabetes y en 2019 cayó en coma diabético. El hombre murió el 14 de abril de 2020 tras sufrir varias complicaciones de salud derivadas de la tortura como de sus otros padecimientos. Cortés falleció esperando una disculpa, la cual creía que pronto llegaría por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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