Xóchitl Gálvez, la figura que encabeza la boleta del Frente Amplio por México (FAM) como virtual candidata a la presidencia de la República, ha puesto en la agenda política del país los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
En un encuentro con simpatizantes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Gálvez destacó la importancia de dar cumplimiento a estos acuerdos, firmados el 16 de febrero de 1996, entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. Para ella, este es un asunto de la más alta relevancia que merece atención inmediata.
En medio de un grupo de seguidores congregados en los alrededores del icónico Arco de El Carmen, Gálvez anunció que no solicitará licencia al Senado, argumentando que considera más urgente y prioritario trabajar en estos meses. Su mensaje resonó al señalar que las comunidades indígenas merecen no solo apoyo económico, sino también el desarrollo de infraestructura, proyectos ecoturísticos y un acceso equitativo a la educación.
La candidata también evocó su etapa como funcionaria federal durante la administración del presidente Vicente Fox. En ese entonces, Gálvez recordó que había recursos destinados a fondos regionales, artesanas, caminos y hospitales. Esta evocación la llevó a reiterar la necesidad de materializar los compromisos asumidos en los Acuerdos de San Andrés.
Hay pendientes en derechos humanos
Durante su discurso, la presencia del alcalde priísta de San Andrés Larráinzar, Ignacio López Gómez (PRI), fue notoria. Gálvez solicitó su compañía en el estrado y recordó que en el año 2000, ella misma remitió al Congreso los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. No obstante, enfatizó que persistieron numerosos pendientes que impidieron un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas.
En relación con la actual administración, Gálvez no escatimó críticas, señalando la incapacidad del gobierno para impulsar una reforma constitucional que atienda los derechos indígenas, aún pendiente. En una entrevista posterior, reafirmó su determinación, sosteniendo que cuenta con “unos ovarios del tamaño de una toronja” y, en consecuencia, considera innecesario solicitar licencia al Senado.
La candidata también planteó una propuesta concreta al modificar los programas de apoyo social. Propuso que, para los estados con mayor índice de pobreza, se incremente el monto de la pensión para adultos mayores y se reduzca la edad para acceder a ella. En este sentido, subrayó que los programas sociales representan un derecho constitucional inalienable que nadie debe arrebatar.
Xóchitl Gálvez cuestionó la variación de la edad para recibir estos apoyos, que pasó de 65 a 68 años, y exigió que se revierta a los 65 años. Asimismo, sugirió que en Chiapas, donde la esperanza de vida es menor que en otras regiones del país, la pensión debería comenzar desde los 60 años.
En un último pronunciamiento en Chiapas, Gálvez expresó que la contienda electoral para las elecciones presidenciales de 2024 se encuentra en pleno desarrollo y anticipó que será una competición apasionante. De esta manera, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, su énfasis en los derechos indígenas y los programas sociales son elementos centrales de su plataforma política.
¿Qué son los Acuerdos de San Andrés Larráinzar?
Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, sellados el 16 de febrero de 1996, representan un conjunto de compromisos cruciales suscritos entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para abordar las demandas de los pueblos indígenas en México.
Estos acuerdos incluyeron modificaciones a la Constitución para otorgar derechos y autonomía a los pueblos indígenas, así como mejoras en áreas como educación, salud, vivienda y desarrollo económico en estas comunidades.
A pesar de que han transcurrido más de dos décadas desde su firma, muchos de estos compromisos aún no se han cumplido. El EZLN y otros grupos indígenas han expresado su insatisfacción y argumentan que el gobierno mexicano no ha honrado sus promesas.
La reactivación de este tema por parte de Xóchitl Gálvez plantea interrogantes sobre la capacidad y voluntad del gobierno para abordar estas demandas históricas de los pueblos indígenas de México.