El pasado viernes 17 de marzo, las autoridades encontraron los cuerpos calcinados de Mariana Gutiérrez (19), Sandra Daniela Paredes (24), Berenice Reséndiz (25), Rosa María Ramírez (42) y Gabriela Barbosa (48).
Sin embargo, aún falta establecer qué sucedió con Yoselin Daniela, quien el 7 de marzo viajó con las demás mujeres al residencial El Álamo Country Club, un fraccionamiento exclusivo con campo de golf de 18 hoyos, cuando fueron secuestradas por un presunto comando armado.
Las autoridades creen que “algo salió mal” y fueron violentadas por “Los Escorpiones”, del Cártel del Golfo, posiblemente debido a que compartieron información sensible que comprometió al grupo criminal. El familiar de una de ellas declaró que recibió una llamada en la que se escucharon gritos “como si todo se hubiera salido de control”.
Diez días más tarde, en la misma zona de donde salió la última señal del celular de una de las víctimas, en Rincón del Centeno, en Juventino Rosas, los cadáveres de cinco de ellas fueron hallados completamente mutilados y dentro de una fosa clandestina. La orden del cártel presuntamente había sido desaparecerlas por completo, pues los peritos hallaron “miles de pequeños fragmentos óseos”.
Las seis mujeres que viajaban juntas aquel día en Guanajuato fueron “levantadas” apenas unos días después del caso de Matamoros, Tamaulipas, pepetrado supuestamente por el mismo grupo criminal, pero la diferencia abismal entre ambos casos, según la periodista Anabel Hernández, fue el trato abordado por el gobierno federal.
“De las cinco jóvenes calcinadas hasta ahora no ha merecido por parte de López Obrador ni un comentario como si fueran madres, esposas o hijas de nadie. No lo hace porque tendría que reconocer que el país feliz y seguro que dice en el discurso que existe gracias a su gobierno, es una fantasía, y porque tendría que decir que la militarización de la Guardia Nacional no ha dado ningún resultado hasta ahora”, dijo la periodista Anabel Hernández en su última columna para la cadena internacional Deutsche Welle.
La presión de EEUU
El incidente de Matamoros se registró después de que cuatro ciudadanos de EEUU cruzaran la frontera y llegaran a la ciudad con la intención de que una de ellas, Latavia McGeem se sometiera a una intervención quirúrgica de carácter cosmético, cuando sicarios del “Grupo Escorpiones” los interceptaron.
Los estadounidenses pensaron que se trataba de un asalto, por lo que comenzó una persecución a la que se sumaron otros vehículos. Entonces, de acuerdo con las primeras versiones del hecho, sucedió un tiroteo, un choque y un polémico video en el que hombres con chalecos tácticos y armas largas arrastraban por la calle varios cuerpos para subirlos a una camioneta GMC de color blanco.
El 8 de marzo, a cinco días del secuestro, cinco hombres maniatados y con vida fueron encontrados en calles del centro de Matamoros junto a un mensaje que los señalaba como los responsables de privar de la libertad a Latavia McGee, Shaeed Woodard, Zindell Brown y Erick James Williams. Dos de ellos fueron asesinados.
De acuerdo con la periodista de investigación, gracias a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos el gobierno de AMLO actuó enseguida y logró rescatar con vida a tres de las cuatro personas privadas de la libertad, pues aunque el mandatario quiera, a Estados Unidos “no puede darles atole con el dedo”.
“De las cinco jóvenes calcinadas hasta ahora no ha merecido por parte de López Obrador ni un comentario como si fueran madres, esposas o hijas de nadie. No lo hace porque tendría que reconocer que el país feliz y seguro que dice en el discurso que existe gracias a su gobierno, es una fantasía, y porque tendría que decir que la militarización de la Guardia Nacional no ha dado ningún resultado hasta ahora”, zanjó Hernández.