La situación de los ocho ciudadanos iraníes y libaneses procesados por el atentado a la AMIA, que podrían enfrentar un juicio en ausencia en Argentina, tendrá una instancia clave el 24 de noviembre próximo en la Cámara Federal porteña.
Ese día, los jueces de la Sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Yadarola recibirán los planteos de la defensa oficial, que apeló los procesamientos, y de la fiscalía y una de las querellas, que cuestionaron la falta de mérito dictada a dos de los acusados. Luego, quedarán en condiciones de resolver si avalan lo resuelto el 21 de septiembre pasado por el juez federal Daniel Rafecas.
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Ese día, el magistrado a cargo de la investigación del atentado procesó a los ocho ciudadanos iraníes y libaneses, por la supuesta planificación y ejecución del ataque del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos en Pasteur 633. Todos van camino a ser juzgados en ausencia. Fijó además un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los imputados.
La investigación
El juez Rafecas es titular del juzgado federal 3 pero subroga el federal 6, uno de los cuatro vacantes en Comodoro Py 2002. Allí tramita la causa por el atentado y no tiene magistrado titular desde la renuncia para jubilarse de Rodolfo Canicoba Corral a mediados del 2020. Las subrogancias son por un año, en este caso vence cada octubre y Rafecas fue sorteado nuevamente para seguir al frente de ese juzgado, por lo cual continúa a cargo de la investigación. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acaba de proponerlo para incorporarse a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un cargo para el que concursó en 2018.
Las apelaciones
La apelación de los procesamientos fue presentada por el defensor oficial Hernán Silva y hasta el momento los argumentos se darán por escrito, ya que ninguna parte pidió exponer de manera oral.
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El titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso apeló por su parte la falta de mérito que se dispuso para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Lo mismo hizo la querella de los familiares de víctimas encabezada por Luis Czyzewski y Mario Averbuch, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan.
A Salman “se le atribuyó integrar la organización armada de Hezbolá asentada en la Triple Frontera” y a Mouzannar “cooperar con esa estructura”, explicó la fiscalía en su apelación. “Por esa razón, el pedido de procesamiento no los incluyó entre quienes debían responder por los homicidios, lesiones y daños, sino por pertenencia o colaboración con una banda armada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal”, es decir, asociación ilícita, explicó.
Tanto la fiscalía como la querella reclaman que se sumen a la causa dos puntos de la acusación: “el patrocinio de los jerarcas iraníes a la agrupación terrorista libanesa Hezbolá y la pertenencia y/o colaboración a esa organización” porque son “claramente conexos con el ataque contra la AMIA y de allí que su investigación y esclarecimiento deba ser llevado adelante en el marco del presente expediente”, agregó la apelación.
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La decisión quedará en manos de la sala I de la Cámara Federal, integrada por su juez titular Mariano Llorens y Yadarola, quien juró en septiembre pasado y ya intervino en otro incidente vinculado a la causa AMIA.
Los restantes integrantes de las dos salas del Tribunal de Apelaciones con sede en el segundo piso de los tribunales de Retiro están excusados o apartados de entender en esta investigación. Hasta julio pasado, Llorens resolvía los temas relativos a la causa AMIA con Martín Irurzun, el juez de la sala II que dejó su puesto cuando cumplió 75 años sin obtener el envío de su pliego al Senado para validar su cargo por cinco años más.
La acusación a los iraníes y libaneses
Al dictar los procesamientos a pedido del titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso, el juez Rafecas consideró a los acusados Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, entonces responsable de la Fuerza Al Quds autores mediatos por las funciones que habrían desempeñado dentro de las estructuras superiores del Estado iraní.
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También fueron procesados como cómplices necesarios Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la embajada iraní en Buenos Aires; Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de esa representación y señalado como agente de inteligencia; y Salman Raouf Salman, ciudadano libanés conocido también como Samuel El Reda e identificado como integrante de Hezbollah.
Según la reconstrucción judicial, Rabbani habría reunido información sobre posibles objetivos y mantenido contactos con la estructura iraní. Asghari habría actuado como enlace entre la embajada y el aparato de inteligencia iraní, mientras que Salman fue acusado de coordinar la fase final de la operación en territorio argentino.
La hipótesis que sostiene la acusación atribuye el ataque a una operación internacional con participación de estructuras estatales iraníes y Hezbollah. Al resolver los procesamientos el juez Rafecas dio por probado que la ciudad brasileña de Foz de Iguazú en la Triple Frontera funcionó como punto regional de coordinación.
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