La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa del juez suspendido Gastón Salmain, con el que buscaba que se revisara el rechazo de las recusaciones contra los tres integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
La decisión, firmada por Gustavo Hornos, mantuvo a Aníbal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Vidal como magistrados habilitados para intervenir en el expediente por abuso de autoridad y cohecho.
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El planteo de Salmain buscaba llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de que Casación desestimara la impugnación contra una resolución del juez de revisión Osvaldo Facciano, que ratificó la composición del tribunal.
El camarista Hornos concluyó que el fallo impugnado no cumple con el requisito de ser una sentencia definitiva ni puede ser considerado equiparable a tal por sus efectos, condición exigida por el artículo 14 de la Ley 48 para habilitar el recurso extraordinario federal.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos se limitaban a discrepar con el criterio adoptado por los jueces. Señaló que esa diferencia no demuestra una relación directa e inmediata entre el conflicto debatido y la cuestión federal planteada. Con esta resolución, Salmain solo podrá acudir a la Corte Suprema mediante una queja.
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El Ministerio Público Fiscal había sostenido que el recurso debía ser declarado inadmisible, mientras que la defensa alegó que la intervención de los jueces cuestionados afectaba “las garantías de juez natural, tribunal imparcial, defensa en juicio y debido proceso”.
La causa
El expediente investiga si el juez federal Gastón Salmain recibió una coima para favorecer a un fideicomiso con acceso al mercado de cambios, en una maniobra que habría permitido comprar y transferir al exterior USD 10 millones cuando regían restricciones cambiarias.
La causa se originó a partir de una cautelar firmada en diciembre de 2023 a favor de Attila Fideicomisos SRL, una empresa vinculada al financista Fernando Elías Whpei. Según la acusación, el magistrado suspendido habría pactado el cobro de USD 200.000 a cambio de dictar resoluciones que habilitaran la operación. La pesquisa sitúa los hechos entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
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El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque se le dictó la prisión preventiva, la medida no se ejecutó por la inmunidad de arresto de la que gozaba como magistrado.
En el expediente, Fernando Whpei declaró como imputado colaborador y quedó procesado. El financista sostuvo que existió un acuerdo para obtener decisiones judiciales favorables mediante la intervención del escribano Santiago Busaniche. Según declaró, Salmain habría ofrecido fallos favorables a cambio de dinero, una versión que forma parte de la investigación.
Por su parte, el Consejo de la Magistratura suspendió a Salmain y promovió su enjuiciamiento por presunto mal desempeño. El juicio político comenzó el 6 de octubre y analiza, entre otros cargos, los hechos de la causa Attila. Si el Jurado dispone su destitución, dejará de tener fueros y la prisión preventiva podría hacerse efectiva. El debate continuará con la producción de prueba y testimonios.
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