La Justicia ordenó al escribano que intervino en la compraventa del departamento del primer piso de San José 1111, adquirido por la militante kirchnerista María Soledad Calle, que remita a Comodoro Py 2002 una copia certificada de la escritura y detalle el precio pactado y los medios de pago utilizados.
La medida forma parte de una batería de pruebas que dispuso el juez federal Julián Ercolini como parte de la investigación por supuesta defraudación, en la que también está imputado el desplazado titular de la Unión Obrera Metalúrgica Abel Furlán, a raíz de presuntas irregularidades en la contratación de una empresa vinculada a Calle, denunciadas por opositores al sindicalista.
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Escritura y precio
El juzgado envió un oficio a la escribanía donde se concretó la operación de compraventa del departamento para que remita una “copia certificada de la escritura” del 1 de septiembre de 2025, mediante la cual Calle “adquirió la unidad funcional correspondiente al primer piso del inmueble sito en San José 1111/15″. Se trata del departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner. La ex presidenta cumple allí arresto domiciliario condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
Además se solicitó copia de toda documentación respaldatoria de esa operación: en particular la relacionada con el precio pactado, modalidad y medios de pago, según supo Infobae en fuentes judiciales.
La semana pasada, la Justicia ordenó diferentes medidas y entre ellas cursó un pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble sobre el departamento de San José 1111, con un requerimiento de detalle de adquisiciones, escribanías, registros notariales y documentación registral del primer piso que, según la denuncia de opositores gremiales fue comprado por Calle, algo que luego ella admitió en tribunales. Tras identificarse al escribano, se avanzó ahora con el reclamo de la copia de la escritura para saber cuánto figura allí que se pagó por el inmueble.
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La militante kirchnerista reconoció en los tribunales que compró el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner. En un escrito presentado ante Ercolini, la exempleada de la UOM explicó que la adquisición fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.
Qué se investiga
En la causa se investiga si se generó un perjuicio para el gremio y su obra social con la firma de un contrato para ceder el control financiero y la administración de los aportes de los trabajadores a USEM S. A., sociedad vinculada a Calle, que percibía una comisión del 0,5 % en concepto de honorarios. Esto equivaldría a unos 100 millones de pesos, según la denuncia iniciada por un sector opositor del gremio encabezado por Ángel Derosso.
A Calle se la señaló, en particular, por desempeñarse en simultáneo como empleada en relación de dependencia de la UOM —en el área de relaciones internacionales— y, al mismo tiempo, tener una participación societaria como directora de USEM S. A., la firma contratada por el sindicato. En un escrito que presentó su abogado defensor Pablo Slonimsqui, se rechazaron todas las acusaciones y se explicó el origen de sus bienes.
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Por su parte, la defensa de Furlán reclamó el sobreseimiento y advirtió que debe evitarse que la causa penal se convierta en una “excursión de pesca” sobre toda la administración de la UOMRA o el patrimonio de sus dirigentes, en un escrito que presentaron sus abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.
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