Usina de Justicia brindó más detalles de la denuncia contra la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en PBA

La polémica por el fallo que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires sigue escalando después de las denuncias contra la jueza Marta Pascual por su sentencia. Ahora, la magistrada Raquel Slotolow, integrante de Usina de Justicia, asociación civil, brindó más detalles de la presentación y apuntó contra su par.

En diálogo con Radio Mitre, emisora argentina, Slotolow explicó que se avanzó con una denuncia penal contra la jueza Pascual por abuso de su función y por usurpación funcional. “Ningún juez está autorizado a decir si una ley es vigente o no. A lo sumo, puede expedirse por su constitucionalidad o no, cosa que la señora magistrada no hizo y se arrogó el derecho de decidir en una audiencia si esa ley está vigente o no”.

La denunciante pertenece a la asociación civil Usina de Justicia, quienes realizaron la presentación penal tras la decisión de Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación del Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.

En su denuncia, Usina de Justicia señaló que no existe una lesión de derechos “en forma concreta” contra los menores alcanzados por el nuevo régimen, ni tampoco un “peligro inminente” de que ello suceda. La organización cuestionó que Pascual basara su resolución en una hipótesis sobre un posible aumento de las internaciones, lo que provocaría el “hacinamiento” de los menores que ya están alojados. Frente a ese argumento, la entidad señaló que la magistrada no consideró que la ley prevé sanciones no privativas de la libertad para los adolescentes en conflicto con la norma penal, como medidas educativas, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación del daño.

Slotolow reforzó esa línea desde su propia experiencia como ex jueza. “Yo fui juez en un juzgado de Campana y de ninguna manera, si estuviera sentada en mi sillón en este momento, me hubiese hecho eco de esta resolución en la provincia de Buenos Aires”, afirmó. Explicó que, en caso de que la implementación de una ley presentara carencias de infraestructura, el camino correcto no es la suspensión judicial, sino la comunicación con las autoridades competentes. “Si a mí me dicen como juez que tengo que detener a un menor, tengo que tener un lugar donde alojarlo. Entonces le digo a las autoridades: ‘díganme dónde lo alojo’”, graficó. Y fue más directa con una analogía: “No suspender una ley, porque en ese caso también deberíamos eliminar a todos los enfermos de los hospitales, porque no están en condiciones”.

En paralelo a la denuncia penal, la apelación del fiscal ante la resolución de Pascual fue ponderada por Slotolow como un contrapeso institucional relevante. “La apelación del fiscal arroja un poco de aire fresco a la justicia. Me parece que ningún juez sensato actuaría de esa manera”, sostuvo. El tribunal convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, instancia en la que las autoridades provinciales dependientes del gobernador Axel Kicillof deberán informar sobre las medidas adoptadas y las acciones previstas para implementar la norma.

Más allá del fondo jurídico, Slotolow también hizo referencia a otras resoluciones de Pascual que, según dijo, viene conociendo a medida que se informa del caso. Mencionó que la magistrada otorgó una salida recreativa a los condenados por el asesinato de Uma Aguilera, una niña asesinada a la salida de su domicilio cuyo padre era custodio de Patricia Bullrich cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad. También aludió a una sentencia que, según indicó, Pascual aplicó con una pena elevada y luego redujo en el caso de una persona condenada por el asesinato de un hijo. “Uno se va enterando de criterios, si es que se puede llamar criterios, que son por lo menos muy alarmantes para la sociedad”, afirmó Slotolow, sin atribuir un móvil ideológico concreto a las decisiones.

Slotolow apuntó en la misma dirección: “Esta señora ninguneó e ignoró en su resolución a las víctimas o a las futuras víctimas”. La magistrada consideró que el debate público sobre la norma tiende a centrarse en los menores infractores y deja en segundo plano a quienes sufren las consecuencias de los delitos. “Estamos hablando de menores que delinquen, están al margen de la ley y generan perjuicio a los demás ciudadanos honestos”, remarcó.