El fiscal Diego Luciani presentó la primera parte de su alegato acusatorio en el juicio oral por el caso Odebrecht, vinculado a irregularidades en la contratación para la ampliación de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre 2006 y 2008. En la próxima audiencia dará a conocer el pedido de condenas.
Durante las tres horas que se extendió su presentación, manifestó que el exministro de Planificación, Julio De Vido, creó el marco normativo y delegó facultades en funcionarios del área de energía, para que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.
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Acompañado por el fiscal coadyuvante, José Ipohorski Lenkiewicz, remarcó que varios testigos afirmaron durante el juicio que, con la creación de fideicomisos para financiar las obras públicas, las empresas concesionarias dejaron de ser las encargadas de los proyectos de expansión y quedaron marginadas del proceso de contratación de proveedores.
La hipótesis de los fiscales sostiene que el cambio en el rol de las prestatarias permitió desviar las contrataciones hacia otras empresas y concentró todo el poder sobre las obras en De Vido, el secretario de Energía, Daniel Cámeron, y el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.
Luciani mostró una serie de resoluciones y notas intercambiadas entre funcionarios del Ministerio de Planificación que presuntamente evidenciarían el direccionamiento. Respecto de los precios propuestos por el Estado, subrayó que los montos superaban las cotizaciones de las empresas concesionarias.
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El argumento de la fiscalía
En el comienzo de su exposición, Luciani señaló que desde la década del 90 el servicio de transporte de gas quedó concesionado a dos licenciatarias privadas: Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
En ese momento, las compañías financiaban sus expansiones con fondos propios, reteniendo utilidades o solicitando financiamiento en el exterior, y luego recuperaban la inversión a través de las tarifas.
El fiscal relató que los testigos indicaron que este modelo se desmoronó con la crisis del 2001, por lo cual las empresas privadas no pudieron continuar financiando sus costos en dólares.
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El problema se agravó con la Ley de Emergencia y la reforma del régimen cambiario, tras lo cual el gobierno nacional optó por congelar las tarifas de servicios públicos.
Resumió que en un corto plazo, las empresas transportistas enfrentaron ingresos congelados, mientras sus costos operativos seguían cotizando en dólares. Así, las prestatarias perdieron capacidad financiera para expandirse.
Al referirse a testimonios escuchados durante el juicio oral, Luciani mencionó que a partir del 2003 la economía nacional empezó a recuperarse, lo que impulsó el crecimiento de la demanda de gas.
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En ese contexto, describió un escenario de presión por el aumento de la demanda energética necesario para sostener el crecimiento.
El fiscal Ipohorski detalló que, ante el dilema de no contar con recursos suficientes para responder a la demanda, el Estado asumió en el 2004 la gestión del sector mediante fondos fiduciarios.
Explicó que se implementó una herramienta que se nutría de recursos millonarios provenientes de cargos adicionales y obligatorios a los grandes usuarios de gas, con el objetivo de financiar la expansión de la red, aislando estos fondos de la Ley de Presupuesto.
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En este contexto, se definió que, para futuras expansiones, el Ministerio de Planificación Federal encabezado por Julio De Vido asumiría la reglamentación y supervisión del destino de los Fondos Fiduciarios.
Ipohorski señaló que De Vido dictó la resolución 185/04, que identificó como fundamental en la creación del "entramado burocrático que habría permitido redireccionar las acciones del Estado en beneficio de la empresa Odebrecht".
A su vez, indicó que el exministro delegó en el secretario de Energía, Daniel Cámeron, y en el subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, la facultad de definir los términos y contratación de los proyectos de obras.
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La causa
La investigación parte de la sospecha de que los exfuncionarios actuaron en beneficio de los intereses de la constructora brasileña Odebrecht.
De acuerdo con la pesquisa, De Vido estableció el marco normativo que permitió a la Secretaría de Energía, junto con la Subsecretaría de Combustibles y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), organizar la concesión del plan de ampliación de TGN y TGS.
La modificación de las bases del concurso habría facilitado “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario” para asegurar la contratación de la empresa Odebrecht.
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Por este caso se encuentran procesados el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Energía Daniel Cámeron, el exsubsecretario Cristian Folgar, el exvicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de la misma compañía, Julio Armando Bragulat.
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