Luego de varios meses sin demasiadas novedades, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos en los que trabaja la Justicia respecto a la causa que investiga la caída de la criptomoneda $LIBRA, que fue difundida por el presidente Javier Milei.
El caso comenzó en la noche del 14 de febrero de 2025 cuando Milei publicó un mensaje en su cuenta de la red social X -que fijó- en el que difundió el lanzamiento del token. Pero horas después lo borró y publicó otro en el que dijo que no estaba interiorizado en la criptomoneda. Luego se supo que por su primer tuit el precio de la cripto pasó de un valor de 0,01 dólares a 5 en pocas horas y que unos pocos lograron retirar 100 millones de dólares mientras que otros perdieron miles.
En los últimos días, el diputado nacional por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la Comisión Investigadora $LIBRA durante el año pasado, apuntó contra el fiscal y el magistrado de la causa, a quienes responsabilizó por el poco avance de la causa: “La actitud de (Eduardo)Taiano y del propio juez federal (Marcelo)Martínez de Giorgi es muy grave, porque está claro que acá está habiendo encubrimiento".
Sin embargo, en las últimas horas, se conoció que un peritaje realizado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal habría revelado una extensa trama de llamadas y mensajes entre la cúpula del Gobierno y el lobista argentino Mauricio Novelli en las horas críticas alrededor del lanzamiento y derrumbe del criptoactivo,
Durante la noche del 14 de febrero, Mauricio Novelli, quien se encontraba en Texas junto al creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, habría entablado un intercambio de siete llamadas con el presidente Javier Milei, totalizando 13 minutos y 10 segundos de diálogo.
La documentación analizada por la fiscalía, que incluye peritajes técnicos realizados sobre dispositivos electrónicos secuestrados a Novelli y otros implicados, muestra que los contactos incluyeron llamadas, mensajes y el uso de plataformas digitales como WhatsApp. Una parte significativa de los intercambios se habrían producido entre Karina Milei y Novelli.
La secuencia de llamadas se da en un contexto de conmoción para el ecosistema financiero: después del posteo de Milei en X difundiendo $LIBRA ese 14 de febrero, múltiples usuarios detectaron movimientos sospechosos y la agencia Bloomberg Línea verificó la autenticidad del mensaje con el jefe de Estado. En las horas siguientes, operadores asociados a Davis comenzaron a drenar decenas de millones de dólares del pool de liquidez del token, hasta que, para la medianoche argentina, el llamado “rug pull” superó USD 100 millones. Estas maniobras generaron un malestar inmediato en la comunidad inversora de Argentina, Estados Unidos y España.
El análisis de la información recuperada mostraría que tanto Novelli como sus colaboradores internacionales intentaron minimizar la investigación fiscal y la intervención de la Oficina Anticorrupción ante sus interlocutores.
El avance de la causa
A principios de este año, la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña exigió al titular del Juzgado Federal N.º 8, Marcelo Martínez De Giorgi, que acelere de manera inmediata la investigación en la causa $LIBRA y amplíe el embargo sobre los imputados, considerando que el monto actualmente retenido es insuficiente. El tribunal instruyó al juez a recalcular el valor de las medidas patrimoniales, con la finalidad de resguardar los intereses de posibles nuevas víctimas y garantizar que no se pierdan recursos que podrían ser objeto de futuras indemnizaciones.
Durante la tramitación de la apelación, se incorporó un elemento central: dos nuevos denunciantes reportaron haber sufrido pérdidas que ascienden, en conjunto, a dos millones de dólares. Este dato resultó fundamental para que el tribunal ordenara un nuevo análisis del embargo. Hasta el momento, el monto inicial había sido fijado en $36.875.000 (calculado a partir de una estimación del perjuicio económico original, rondando los 12.000 dólares), según el cálculo realizado por el juez Martínez De Giorgi.
La Sala I, integrada por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, consideró que la suma establecida por el juzgado resultaba insuficiente. El tribunal indicó que, en el proceso penal, las medidas cautelares deben asegurar el pago de futuras multas o indemnizaciones, pero advirtió que estas restricciones patrimoniales “no deben transformarse en una condena anticipada” para los involucrados antes del juicio oral.
Martínez De Giorgi había emitido una resolución el 28 de noviembre del año pasado mediante la cual descongeló los bienes de Hayden Davis, creador de la criptomoneda $LIBRA, para sustituirla por un embargo que alcanzó unos 25.000 dólares. Igualmente, se dispuso igual medida para otros imputados: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Rodríguez Blanco de Orlando y Rodolfo Mellino. Esta decisión fue objeto de cuestionamiento por parte del querellante Braian Emanuel Quintero—quien también figura como damnificado—. Quintero expresó a Infobae su disconformidad: sostuvo que el monto resultaba insuficiente para cubrir el verdadero alcance del daño ni contemplaba la eventual aparición de nuevos perjudicados. Además, advirtió que la descongelación del patrimonio implicaba el riesgo de una “pérdida definitiva de recursos”.
La defensa de Davis, encabezada por Marcos G. Salt y Natalia Sergi, solicitó la confirmación del levantamiento de la prohibición general. Sostuvo ante Infobae que el valor fijado cubría los reclamos iniciales y alegó que mantener la inhibición total de bienes suponía una carga excesiva. Los abogados también remarcaron que “no existen actualmente pruebas suficientes que justifiquen la aplicación de medidas tan estrictas”.
El tribunal sostuvo que el congelamiento total de cuentas y activos fue oportuno en la etapa inicial, ya que permitió delimitar la extensión de las operaciones sospechosas y reunir pruebas. No obstante, la Cámara estableció que esta condición no puede prolongarse indefinidamente porque afectaría las garantías económicas de los investigados. En consecuencia, los jueces aceptaron la transición hacia un embargo específico, pero limitaron su validez a la obtención de un nuevo cálculo, ajustado a la dimensión que toma la causa por la incorporación de nuevos posibles damnificados.
Paralelamente, la Cámara Federal porteña urgió a Martínez De Giorgi a que incremente la celeridad en la producción de pruebas y a que, al vencimiento de los plazos, revise la necesidad de prorrogar las medidas patrimoniales según el estado actual de la instrucción. De acuerdo con lo publicado por Infobae, el tribunal advirtió: “Si la instrucción no progresa de manera simultánea a la vigencia de las medidas cautelares, se desvirtúa la naturaleza de las restricciones”.