A través de un escrito formal, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires solicitó al Gobierno provincial ser convocado a todas las instancias en las que se desarrollen discusiones salariales vinculadas al sector judicial. El planteo fue dirigido a los Ministerios de Economía y de Trabajo bonaerenses y fue puesto en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El pedido fue comunicado a los integrantes de la entidad mediante un comunicado interno al que tuvo acceso Infobae. Allí, se informó que la institución había remitido una presentación ante las autoridades provinciales con el objetivo de intervenir en la mesa donde se discuten las condiciones salariales del Poder Judicial bonaerense.
“Hemos remitido un escrito formal a los Ministerios de Economía y de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires solicitando la convocatoria del Colegio provincial en toda instancia en la que se desarrollen discusiones paritarias, poniendo asimismo en conocimiento de ello al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, señaló el texto.
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El documento explicó que la institución, si bien no tiene naturaleza sindical, entiende que cuenta con legitimidad para participar de esas instancias por su rol representativo dentro del sistema judicial provincial.
“Si bien nuestra institución no posee carácter gremial, ejerce la representación legítima de la amplia mayoría de las y los magistrados y funcionarios de la provincia. En consecuencia, su participación en esos ámbitos resulta necesaria para garantizar una adecuada consideración de sus intereses”, sostuvo el comunicado.
El planteo se produjo en el marco de las discusiones sobre la política salarial del sector judicial en la provincia de Buenos Aires, una negociación que depende de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, junto con las áreas económicas y laborales correspondientes.
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En ese contexto, el Colegio remarcó que su representatividad institucional se sustenta en el número de magistrados y funcionarios que integran la entidad, así como en su relación directa con el funcionamiento cotidiano del sistema de justicia.
“El Colegio representa a más de 8.000 magistradas, magistrados, funcionarias y funcionarios, y cuenta con una legitimidad institucional fundada en su trayectoria y en su vínculo directo con el ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional”, indicó el documento.
La organización, con sede en la ciudad de La Plata, funciona como una federación civil que agrupa a asociaciones de magistrados y funcionarios judiciales de distintos departamentos judiciales de la provincia. De acuerdo con su estatuto, entre sus objetivos se encuentran promover el mejoramiento de la administración de justicia, impulsar la carrera judicial y representar a los colegiados en la defensa de sus intereses institucionales.
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También contempla, entre sus fines, gestionar y defender una legislación que garantice “la intangibilidad de sus remuneraciones, condiciones adecuadas de trabajo y la estabilidad absoluta en las funciones que desempeñen”, además de fomentar la vinculación entre magistrados y funcionarios del Poder Judicial bonaerense.
En ese marco, la entidad planteó que quedar al margen de las discusiones salariales conllevaría dejar sin representación institucional a un sector relevante del sistema judicial provincial.
“Excluirlo de la mesa de negociación implica privar a este sector de una representación efectiva en la definición de sus condiciones de trabajo”, expresó el texto publicado en el portal de la entidad.
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La institución también señaló que el pedido de participación en la mesa salarial se enmarca en una estrategia más amplia vinculada a la defensa de las condiciones laborales del sector judicial y al fortalecimiento institucional del servicio de justicia.
“La expectativa de una respuesta favorable por parte del Ejecutivo provincial es plenamente compatible con la reanudación de la Acción Colectiva, en tanto ambas constituyen estrategias complementarias orientadas a mejorar las condiciones laborales, fortalecer la independencia judicial y garantizar una mejor prestación del servicio de justicia”, cerró el texto.