La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que comenzará a tratar el decomiso de bienes en la causa Vialidad, en el marco de la ejecución de la condena firme contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los demás condenados por el direccionamiento irregular de la obra pública en Santa Cruz. El monto que está en juego, establecido como reparación al Estado nacional, asciende a $684.990.350.139,86.
La convocatoria fue dispuesta por la Sala IV del máximo tribunal penal federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes estudiarán los recursos presentados contra la resolución dictada el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).
Dicha sentencia dispuso el decomiso de bienes inmuebles y sumas de dinero por un valor actualizado, en ejecución de la resolución firme dictada en 2022. El monto originalmente fijado en $84.835.227.378,04 fue reformulado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
La condena contra la ex presidenta quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios y dejó confirmada la sentencia emitida por el TOF 2 y ratificada por la Casación Federal. La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente cumple su pena en prisión domiciliaria, en un departamento de la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
En la misma sentencia fueron condenados Lázaro Báez; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Guillermo Periotti; los ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe, todos hallados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
En una primera fase, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes titularidad de CFK y Lázaro Báez, así como de empresas vinculadas al empresario, entre ellas Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Se trata principalmente de inmuebles ubicados en Río Gallegos y El Calafate, que deberán ser tasados antes de su eventual subasta. También se dispuso su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados.
La decisión del Tribunal Oral respondió al pedido formulado por los fiscales del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, quienes impulsaron la incautación para satisfacer la suma fijada en la condena.
Uno de los puntos que ahora deberá resolver Casación es la inclusión de 19 propiedades actualmente a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa y recibieron esos bienes por herencia. El TOF 2 dispuso la ejecución solidaria sobre bienes de los nueve condenados e incorporó esas propiedades al esquema de decomiso. Las defensas apelaron esa decisión.
Los abogados de la ex mandataria y el apoderado de sus hijos sostuvieron que se trata de inmuebles de terceros ajenos al proceso penal y que su afectación vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso.
En sentido contrario, el fiscal ante Casación, Mario Villar, solicitó confirmar lo resuelto por el Tribunal Oral. Señaló que deben analizarse los “patrones de incremento patrimonial injustificado” y la vinculación entre el delito y la expansión patrimonial.
En las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal presentó un nuevo pedido para ampliar el decomiso. Se reclamó incorporar 141 inmuebles adicionales -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Báez-, además de 46 vehículos y distintas sumas en dólares.
Entre los bienes identificados figuran el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución -sede del arresto domiciliario de la exvicepresidenta-; el hotel La Aldea, en El Chaltén; y departamentos y cocheras en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. También se solicitó el decomiso de USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto con otros montos depositados en cuentas bancarias.
Así las cosas, la audiencia del 5 de marzo será la instancia en la que la Sala IV escuchará los argumentos de las partes antes de resolver sobre el alcance del decomiso dispuesto por el TOF 2.