La Justicia Federal tiene previsto resolver esta semana si el empresario Lázaro Báez vuelve a la cárcel para terminar de cumplir la condena de 10 años de prisión por el caso del lavado de 55 millones dólares en la llamada “Ruta del dinero K” que hace una semana y media confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con las condenas firmes, el fiscal federal Abel Córdoba solicitó que Báez vuelva a prisión. Lo mismo para el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín. Los tres ya estuvieron encarcelados y en prisión domiciliaria. Pero le resta cumplir una parte. En tanto, Báez hoy está en arresto domiciliario en una de sus viviendas en la localidad de El Calafate, Santa Cruz.
Pero la defensa del empresario, a cargo del abogado Juan Villanueva, objeta esa postura. Sostiene que el tiempo en total que Báez lleva detenido son más de nueve años y por lo tanto no debe volver a prisión, sino mantener su arresto domiciliario. Esa es la postura que plasmará en la causa, adelantaron a Infobae fuentes judiciales.
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Las defensas tiene plazo hasta mañana a las 9.30 para presentar sus escritos. Algunas ya lo hicieron. Cuando eso ocurra, el Tribunal Oral, integrado por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, quedará en condiciones de resolver. La expectativa es que lo haga en el transcurso de la semana.
Báez, su hijo Martín, Chueco, Pérez Gadín, el arrepentido Leonardo Fariña, el titular de la financiera S.G.I, Federico Elaskar, entre otros, fueron condenados por el lavado de 55 millones de dólares que sacaban del país a través de una ingeniería financiera hacia bancos en el extranjero y que volvían a ingresar a través de la compra de bonos.
La Corte Suprema confirmó las condenas y así las dejó firmes. Con eso quedaron en condiciones de ejecutarse las penas superiores a los tres años de prisión que son de cumplimiento efectivo. Así, el lunes pasado fueron detenidas seis personas que no habían estado presas en la causa.
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Y sobre Báez, su hijo Martín, Chueco y Pérez Gadín se hizo el cómputo del tiempo que estuvieron detenidos para determinar cuánto les falta cumplir de la pena que tienen.
En el caso de Báez, el tribunal estableció que estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019: tres años, seis meses y ocho días detenido. Y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días. A Pérez Gadín le faltan cumplir dos años, tres meses y 29 días; a Chueco dos años, tres meses y 28 días; y a Martín Báez dos años, un mes y 29 días.
“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal”, pidió Córdoba al tribunal. Sobre Martín Báez, la Fiscalía planteó que se le otorgue la libertad condicional.
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Antes de resolver, el tribunal le pidió a las defensas que opinen. La de Báez ya objetó el computo que hizo el tribunal con un escrito de la semana pasada.
Allí el abogado Juan Villanueva criticó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Planteó que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria en otra causa de lavado -por la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay por la que fue condenado a cuatro años y medio de prisión que no está firme- que forma parte del mismo expediente. Báez recibió la domiciliaria por razones de salud y está en esa condición hasta hoy, en la casa de la localidad de El Calafate. Así, Báez lleva nueve años y dos meses de prisión, por lo que ya estaría cumplida su condena de 10 años.
El abogado objetó el computo de pena que hizo el tribunal y pidió uno nuevo. Y recordó que la Fiscalía pidió la detención cuando ese cómputo quede firme. Pero la defensa hará una nueva presentación. Seguirá la misma línea y planteará que la ejecución de la pena de Báez debe seguir como hasta ahora con la prisión domiciliaria.
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Los 10 años de prisión del empresario podrían agravarse porque tiene otras condenas. Además de la de los cuatro años y medio por el campo “El Entrevero”, también los seis años por la obra pública en Santa Cruz, en la que también está condenada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otras. Esta última se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si esas condenas quedan firmes se unificarán todas las penas, pero no de manera aritmética.
Por otra parte, la semana pasada quedaron detenidos Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Iliana Calabró; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.
Todos ellos tienen penas de más de tres años y se presentaron el lunes pasado en Comodoro Py. Fuero alojados primero en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal y el jueves trasladados a la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz.
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Todos pidieron la prisión domiciliaria por razones de salud o porque, en algunos casos, tienen más de 70 años. El Cuerpo Médico Forense será el encargado de constatar cómo se encuentran. Será en revisaciones que se harán entre el martes y el jueves de la semana que viene.
El caso tuvo un sexto detenido. Se trata de Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, pero fue internado por una “descompensación”. Le ocurrió el mismo día que se ordenó su detención. El juez Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.
La causa hoy está concentrada en las situaciones de detención de los acusados. Pero luego pasará a la etapa de ejecutar los bienes que están embargados. Junto con la pena de prisión con la confirmación de la condena también quedaron firmes las multas que los acusados deben pagar. En el caso de Báez es seis veces los 55 millones de dólares del valor. Son 330 millones de dólares.
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En la causa hay embargados cerca de 1.500 bienes, entre empresas, vehículos e inmuebles que estaban a nombre de Báez o de sus compañías. La amplia mayoría -1300- son vehículos entre autos, camionetas, camiones y maquinaria de la construcción.
Todo eso está embargado y en condiciones de ejecutarse para cubrir la multa. Pero algunos ya fueron rematados y otros forman parte de la quiebra de Austral Construcciones y de otras de sus compañías para pagarle a los acreedores. Por lo que cuando llegue el momento del remate la justicia determinará que hay para liquidar.