La justicia federal de Rosario tiene que resolver si avala o no el nuevo protocolo de detención de los presos de alto riesgo que fue sancionado en enero pasado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y que endurece las condiciones de alojamiento de los jefes narcos de esa ciudad. Uno de ellos, Esteban Lindo Alvarado, preso en la cárcel federal de Ezeiza, pidió que se declare su inconstitucionalidad porque entiende que viola derechos establecidos en la Constitución Nacional.
Se trata del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal” que se aplica desde fines de enero pasado y que endureció las condiciones de detención de quienes son considerados internos de alto riesgo, por ser integrantes de bandas de crimen organizado y que siguen cometiendo delitos desde sus lugares de detención.
Ese protocolo establece que los presos de alto riesgo serán alojados en unidades que no están en provincias donde sus organizaciones tengan influencia y dentro de las unidades “en sectores con estrictas medidas de seguridad física”. Las celdas son individuales y con una cantidad mínima y necesaria de elementos. Tampoco pueden tener contacto con otros presos de alto riesgo y solo pueden recibir visitas de personas allegadas a través de un blindex o en un locutorio, no con contacto directo. Y por supuesto sin acceso a teléfonos celulares y con llamadas desde aparatos fijos con control.
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Un sistema similar aplicó para las cárceles de Santa Fe el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, que en una demostración de fuerzas hizo una requisa al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con presos con el torso desnudo, sentados en el piso en fila india, con la cabeza gacha y rodeados de agentes penitenciarios con la cara tapada. La respuesta a esa foto y a un sistema más estricto fue el crimen de cuatro personas en cinco días en Rosario por parte del crimen organizado y la amenaza de que matarán a más civiles si continúa esa política.
El protocolo del gobierno nacional fue objetado en la justicia. Lo hizo la defensa de Alvarado, condenado a prisión perpetua por homicidio, lavado de dinero, coacción agravada y asociación ilícita y a 15 años por tráfico de drogas. Alvarado fue uno de los jefes del narcotráfico en Rosario y enfrentado a la banda “Los Monos”, liderada por Ariel “Guille” Cantero.
Alvarado está preso en la cárcel de Ezeiza de donde el 10 de marzo del año pasado quiso fugarse junto con otros integrantes de su banda en un helicóptero que iba a sobrevolar una de las canchas de fútbol del penal de máxima seguridad.
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La defensa de Alvarado pidió ante el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario -el que lo condenó- que declare inconstitucional la resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad por la que se aplicó el nuevo sistema de tratamiento de presos de alto perfil. Explicó que se trata de un sistema incompatible con la Constitución Nacional porque no respeta derechos y garantías fundamentales y porque no cumple con el objetivo de la reinserción social de los detenidos.
“Es de público conocimiento, la delicada situación que transita la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y lucha contra las organizaciones complejas dedicadas al tráfico de estupefacientes, que incluyen connivencia policial, graves episodios violentos, fallas estructurales del Servicio Penitenciario y el impacto altamente negativo que genera en la población en general”, dijo Fernando Arrigo, fiscal federal de Rosario, quien estuvo a cargo del juicio a Alvarado en su dictamen al que accedió Infobae y en el que pide rechazar el planteo del narco.
El fiscal recordó que tras el intento de fuga el Tribunal Oral estableció para Alvarado un régimen más estricto de detención que es similar al que ahora estableció el Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, Arrigo señaló que “las instituciones públicas de seguridad deben tomar medidas para abordar adecuadamente esta problemática, tanto en lo que se refiere a evitar riesgos para la comunidad, como también a prevenir la afectación del adecuado funcionamiento de sus sistemas”.
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“El Ministerio de Seguridad plantea la necesidad de implementar estrategias institucionales para enfrentar, disuadir, desarticular y neutralizar el accionar de miembros de organizaciones criminales nacionales y transnacionales, grupos organizados u organizaciones complejas alojados en el Servicio Penitenciario Federal, mediante la adecuada evaluación, clasificación y separación de grupos homogéneos para gestionar eficientemente el alto riesgo individual que presentan”, dijo sobre el protocolo y recordó que el Ministerio puede tomar esa decisión porque son facultades que le da la ley de Ministerios.
El planteo ahora debe ser resuelto por el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Es el primero en el que se pide la inconstitucionalidad del protocolo. Hubo otros casos en los que presos, también de alto perfil, hicieron presentaciones en la justicia en la que reclamaron que sus condiciones de detención son más estrictas desde la puesta en marcha del nuevo sistema. Por ahora, todos esos planteos fueron rechazados.