Daniel Vítolo fue designado al frente de la Inspección General de Justicia, según pudo saber Infobae, por decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Se trata de un jurista del derecho comercial, docente universitario y uno de los autores de la última reforma de la ley de quiebras.
La Inspección General de Justicia (IGJ) se encarga de controlar a las sociedades y fundaciones. Además, es la encargada de la inscripción de los contratos de fideicomiso “cuyo objeto incluya acciones y/o cuotas de capital de sociedades inscriptas en el Registro Público a su cargo ‑con excepción de los que se encuentren bajo el control de la CNV‑ de los contratos de transferencia de establecimientos, de los contratos asociativos, de las matrículas individuales y de ejercer el control federal de las sociedades de ahorro”, según explica la página oficial.
Vítolo fue uno de los que reformó la última ley de quiebras, 24.522, junto con otros dos letrados. Estudió en el Colegio Champagnat, donde se recibió en 1969; en la UBA, donde se graduó en 1974, y es Doctor en Derecho de la Universidad de Córdoba. Además, es reconocido en el ámbito de los abogados de empresas, gracias a sus aportes a los cambios en la jurisprudencia y en la normativa del derecho comercial.
Las funciones que ejerce la IGJ “son indelegables y se complementan con las realizadas en otras jurisdicciones por los organismos registrales de las distintas provincias. Por la importancia de las funciones registrales y de control a su cargo, la IGJ tiene un rol trascendente en la vida económica y social del país, tanto en lo que hace al desarrollo de los negocios como al del bien común”, detallan desde el propio organismo.
La IGJ hoy “trabaja activamente por ser un organismo reconocido a nivel nacional y provincial por su liderazgo técnico, su excelencia y confiabilidad. Nuestro organismo ha asumido el compromiso de evaluar y establecer los mecanismos de modernización necesarios, a efectos de lograr un óptimo cumplimiento de las funciones a su cargo. Este proceso abarca una adecuación tanto en materia jurídica, como de recursos económicos, técnicos y humanos”.
“Este énfasis en los aspectos organizativos se traduce en acciones y programas concretos que promueven la innovación permanente, en la búsqueda de la calidad, celeridad y transparencia de los servicios que brinda nuestro organismo. Bajo este marco estratégico, la IGJ se propone reforzar el vínculo y la articulación con diversos organismos del sector público, utilizando los instrumentos disponibles para llevar a cabo la tarea de modernización. Para el logro de este objetivo, se pone especial énfasis en la interacción con los organismos registrales de las distintas provincias”, concluyen en la descripción.